Escuchar
El ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, defendió la circular en la que restringió a los docentes y personal administrativo la posibilidad de emitir posiciones políticas en las aulas.
Sánchez afirmó que la circular ha generado interpretaciones que, según él, no corresponden con su contenido y atribuyó parte de la polémica a personas que no han leído el documento o que han difundido conclusiones que “no se derivan” de la normativa.
“Las aulas son para enseñar, no para hacer propaganda política”, sostuvo el jerarca, al explicar que la medida busca impedir que docentes u otras personas utilicen los espacios educativos para promover partidos políticos, pedir votos o influir en las decisiones electorales de los estudiantes.
“Estamos aclarando en realidad dos cosas: uno, el ingreso de personas a centros educativos a hacer política; pueden ingresar a hacer otras cosas, pero hacer política y propaganda política y utilizar a los estudiantes no está permitido (...). Lo segundo es lo que ya el docente sabe, porque un docente sabe lo que establece la ley, y es que no se puede utilizar las clases para hacer algo que no está en el currículum, que es el tema de la propaganda política”, insistió Sánchez en un video difundido por el MEP.
El ministro insistió en que la regulación no impide que, en las aulas, se aborden temas políticos, sociales o de actualidad nacional, siempre que estén vinculados con los contenidos establecidos en los programas educativos.
Sánchez también rechazó que la circular limite la expresión de los funcionarios fuera de los centros educativos. Explicó que los docentes, al igual que cualquier funcionario público, tienen derecho a expresar sus opiniones políticas como ciudadanos, pero no pueden utilizar su cargo o los espacios institucionales para hacer proselitismo.
Consultado sobre por qué el MEP emitió una nueva circular si las restricciones ya estaban contempladas en leyes y reglamentos, Sánchez aseguró que no existe un trasfondo particular detrás de la decisión.
Según dijo, el Ministerio emite constantemente circulares para recordar procedimientos y normas a sus miles funcionarios.
“Todos los meses, ingresan personas nuevas y siempre es importante estar refrescando lo que establece la normativa y el currículum”, afirmó.
Tres sindicatos del sector educativo acusaron al MEP de propiciar la intimidación, autocensura y persecución contra docentes que expresen críticas hacia el gobierno de Laura Fernández, mediante la implementación de una circular sobre neutralidad político-ideológica en las aulas.
Polémica circular
El documento fue firmado, el pasado 3 de julio, por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández; la viceministra Académica, María Alexandra Ulate Espinoza; y la viceministra Administrativa, Sofía Ramírez González.
El documento asigna una responsabilidad directa a las Direcciones Regionales de Educación, supervisiones y directores de escuelas y colegios para vigilar y controlar el cumplimiento de estas normas.
“Cuando se tenga conocimiento de hechos que eventualmente contravengan estas disposiciones, deberá levantarse la documentación respectiva y remitirse a la instancia competente, entre estas el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública y su Departamento de Asuntos Disciplinarios, garantizando en todo momento el debido proceso, el derecho de defensa y la objetividad de la actuación administrativa", reza la circular.
Según las autoridades, estas medidas de control no buscan restringir la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión de los funcionarios fuera del ejercicio de la función pública. La directriz entró en vigencia de manera inmediata a partir de su comunicación.
Sánchez también señaló que, si algún director o supervisor utiliza la circular para perseguir a un docente por impartir contenidos del currículo, esa actuación sería incorrecta y podría ser denunciada.
Prohibiciones estrictas en las aulas
Los nuevos lineamientos establecen una serie de prohibiciones específicas que aplican de forma rigurosa durante la jornada laboral, en actos oficiales o mediante el uso de recursos del centro educativo, en resumen:
- Realizar propaganda político-electoral, partidaria o ideológica dirigida a la comunidad educativa.
- Usar actividades académicas, espacios o plataformas institucionales para promover o desacreditar opciones políticas o figuras públicas.
- Presionar o inducir al estudiantado a participar en actividades político-electorales o sectarias.
- Incorporar contenidos o evaluaciones con sesgo político que distorsionen el currículo oficial.
- Aprovechar el cargo o la relación pedagógica para favorecer o perjudicar posiciones políticas o ideológicas.
- Colocar o permitir propaganda electoral en instalaciones, bienes o canales oficiales del centro educativo.
- Autorizar el ingreso de personas externas con fines de proselitismo, adoctrinamiento o captación ideológica.
La circular fue emitida por el ministro del MEP y las viceministras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
‘Análisis’ bajo ciertos criterios
Según el MEP, estas regulaciones no limitan el análisis académico, histórico o cívico de temas políticos, sociales o económicos, siempre y cuando estén previstos en el currículo nacional. El abordaje de estos contenidos se considera legítimo siempre que el personal docente cumpla con los siguientes deberes:
- Ajustar la planificación y la evaluación estrictamente a los contenidos oficiales.
- Presentar fuentes y ejemplos de manera plural, contextualizada y equilibrada, evitando sesgos en los materiales.
- Promover la libre deliberación, la argumentación razonada y la formación del criterio propio de los estudiantes.
- Abstenerse de imponer opiniones personales como verdades institucionales o como criterios para calificar las evaluaciones.
Rodrigo Chaves y Pueblo Soberano
La relación entre política y centros educativos ha generado controversias en los últimos años. En marzo de 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó investigar al entonces presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política tras un discurso durante la inauguración del curso lectivo, en el que instó a los estudiantes a elegir diputados que no fueran “de los culpables de todos los males”.
Meses después, en setiembre de ese año, un integrante del ahora gobernante Partido Pueblo Soberano (PPSO), Alexis Calderón, ingresó al Colegio de Cedros de Montes de Oca presentándose como funcionario del TSE y mostró una bandera del partido frente a estudiantes, hecho que fue denunciado por la dirección del centro educativo.
