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La Cadena Radial Costarricense, que opera cinco conocidas frecuencias de radio en la banda FM, confirmó este jueves que no participará en la polémica subasta pública de frecuencias de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la cual se cierra este viernes 21 de noviembre.
Así lo confirmó Andrés Quintana, presidente de la Cadena, durante una transmisión en vivo. El grupo administra las emisoras CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1FM.
Al ser consultado sobre la eventual participación, Quintana respondió: “No, para nada, en el caso particular, no. Ni por razones técnicas ni financieras, y por defender la democracia”.
“La puja, además de indecente, es muy complicada. Están tratando de eliminar la radiodifusión, tanto sonora como televisiva", aseveró.
El abogado Juan Manuel Campos, quien participó en la transmisión durante un panel de análisis sobre el tema, afirmó que la subasta se trata de un “acto nulo, mal intencionado”.
“Es para castigar a medios de comunicación. Se utilizan las frecuencias para buscar cómo tener medios afines”, dijo durante una conversación que se transmitió en 20 frecuencias de radio.
El exdiputado Federico Malavassi, también presente, agregó que la intención del gobierno de Rodrigo Chaves es denostar a todas las radioemisoras y prensa independiente, lo que afecta a emisoras católicas, evangélicas y culturales.
“Es apagar a todo el mundo, o quién sabe cuáles amigos quiere que queden con radioemisoras”, continuó.
La fecha límite para participar vence a la medianoche de este viernes. Los concesionarios interesados deberán presentar sus ofertas para concursar en la subasta. La concesión será adjudicada a quien proponga el monto más alto.
El Gobierno emitió un acuerdo ejecutivo para poner en marcha un proceso de subasta pública del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el Micitt, la meta es ampliar la cobertura nacional y modernizar el uso del espectro. Los interesados (excepto las entidades excluidas) deberán presentarse ante la Sutel para participar en la subasta.
Los precios base fijados para concursar ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.
El concurso busca asignar las bandas a operadores capaces de garantizar un servicio eficiente en todo el territorio nacional.
La empresa Cadena Musical, operadora de Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), también anunció que no participará en la subasta de bandas de radio y televisión organizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Telefides y Canal 1 también se sumaron a las empresas que no participarán en la subasta de radio y televisión elaborada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Al abandonar la televisión abierta, ambos canales enfocarán sus operaciones en plataformas digitales y en servicios de cable por operador, según confirmaron respectivamente a La Nación.
Quintana: ‘La subasta podría reducir drásticamente la cantidad de emisoras’
El presidente de la Cadena Radial Costarricense advirtió que la subasta impulsada por el Poder Ejecutivo podría provocar una reducción considerable en la cantidad de emisoras actualmente conectadas a una frecuencia.
“Tal vez no en su totalidad, pero con este proyecto —irracional totalmente, y repito, no voy a escatimar en decir que es revanchista— lo que podría suceder es que, en vez de aumentar las emisoras, disminuyan drásticamente, y que las que queden sean manejadas por muy pocas manos”, advirtió Quintana
“Además, podrían entrar muy dudosas manos a manejar los medios de comunicación”, agregó.
Según Quintana, esto implicaría que el país dejará de contar con la pluralidad mediática que tiene hoy en día, donde existen emisoras y canales para todos los gustos musicales, credos, deportes, noticias y actualizaciones culturales, así como espacios para la difusión universitaria.
“Yo en ese modelo no me veo participando, no me veo jugando. Para nosotros, los radiodifusores de verdad, lo que más nos interesa es el oyente“.
— Andrés Quintana, presidente de la Cadena Radial Costarricense.
‘Se ha intentado crear una aversión contra la radio y tele por no querer pagar más por la frecuencia’
Tanto el abogado Juan Manuel Campos como David Fallas señalaron que el Poder Ejecutivo ha utilizado como “caballo de Troya” el argumento de que la subasta se justifica porque los concesionarios de radio pagan un impuesto muy bajo y no desean que este aumente.
Ambos subrayaron que esa afirmación es incorrecta y constituye una interpretación legal sin sustento.
Según Campos, se trata de un intento por generar una “aversión” hacia la radio y la televisión, sostenido en un argumento falso que no guarda relación con la subasta. Recordó que el canon está definido en la Ley de Radio (N.° 1758), vigente desde 1954, por lo que los concesionarios no tienen injerencia en ese monto.
“A la gente se le ha hecho saber, en este momento, que la radiodifusión sonora y televisiva están en contra de este impuesto. Eso es una mentira, es una vil mentira”, señaló Campos.
“Es el tema que ha manejado el Estado para tratar de infundir una mentira y un miedo en el consumidor para crear una aversión contra la radio y la televisión en este país, y eso me parece grotesco”, agregó.
En esa misma línea, Fallas señaló que, aunque el canon es “bajo”, ni las radiodifusoras ni el Poder Ejecutivo lo determinan, ya que su modificación corresponde exclusivamente al Congreso.
“Es una decisión de la Asamblea Legislativa, porque se trata de un impuesto que solo puede ser fijado mediante ley. Ahora, bajo el argumento de que se quiere corregir esa situación, que el Poder Ejecutivo llama injusta, se está incurriendo en una actuación que es arbitraria por sus efectos”, advirtió.
El abogado añadió que, aunque fijar una base tan elevada como la establecida por el Gobierno sin estudios que la respalden, podría ser jurídicamente válido atendiendo al texto explícito de la ley, genera un impacto que, a su criterio, vulnera la libertad de expresión, los derechos de los radiodifusores y la libertad de empresa.
“El efecto que esto tiene significa que, mañana, la gran mayoría de radiodifusores actuales ni siquiera van a poder cumplir con la base para ofertar. Esto significa que, si mañana no han presentado la oferta y se da la apertura y no participaron, quedan automáticamente fuera de su actividad económica”, comentó Fallas.
“Estamos hablando no solo de un atentado contra la liberta de expresión y los derechos que tenemos como ciudadanos a la información, sino que además están atentando contra la libertad de empresa y revirtiendo condiciones que el propio Estado fijó a los concesionarios”, concluyó.
De acuerdo con la Ley de Radio, en el caso de las radiodifusoras de onda larga, el impuesto se determina según la potencia transmitida.
Las emisoras de hasta 1.000 watts pagan ¢1.000 al año; las de 1.001 a 2.500 watts, ¢1.500; las de 2.501 a 5.000 watts, ¢2.000; las de 5.001 a 10.000 watts, ¢2.500; y las que superan los 10.001 watts deben cancelar ¢3.000 anuales.
Las estaciones radiodifusoras de onda corta destinadas a servicio internacional pagan un impuesto fijo de ¢1.500 al año.
Finalmente, las estaciones de fonía privadas dedicadas a actividades agrícolas o industriales pagan ¢100 anuales, mientras que aquellas asociadas a actividades comerciales deben cancelar ¢500 por año.
