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La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) confirmó la contratación de una empresa de seguridad privada en el marco del “proceso de transición a la tercerización de los servicios de seguridad” para reducir costos.
El Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap) reclamó el despido de 60 oficiales de seguridad de la institución. La mañana de este sábado 22 de octubre fueron citados en las instalaciones 25 guardias en propiedad y 35 interinos, para entregarles su carta de despido.
Los ahora ex funcionarios de Japdeva, Nelson Kiel Álvarez y Jorge Antonio Robles Ovares, reconocieron que la noche de ayer, viernes 21 de octubre, recibieron un mensaje de WhatsApp en el que los citaron para este sábado en las instalaciones de Japdeva.
Sin embargo, ni siquiera los dejaron ingresar, sino que les entregaron inmediatamente su carta de despido. En ese momento, sus puestos fueron tomados por oficiales de la Fuerza Pública, quienes los sustituirán hasta que la empresa privada elegida asuma funciones.
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Los funcionarios no tuvieron conocimiento de que serían despedidos sino hasta la noche del viernes, a pesar de que las cartas de despido están fechadas el lunes 17 de octubre.
“Es poco profesional y ético la forma en que se nos está dando la baja”, reclamó Kiel, quien además es presidente del Consejo de Delegados de Sintrajap.
“Reclamamos que no se hagan las cosas de una forma más humana, no somos objetos ni animales. La carta está fechada el 17 de octubre y no tuvieron la decencia de decirnos que íbamos a estar cesados a partir del 22”, lamento.
Ante consultas de este medio, el departamento de prensa de Japdeva reconoció que “en efecto hoy sábado ingresó la Fuerza Pública a dar respaldo a las terminales portuarias como parte del proceso de transición a la tercerización de los servicios de seguridad”.
La carta de cese especifica que el despido se da con responsabilidad patronal, por lo que los funcionarios deberían recibir todas sus prestaciones laborales.
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Tercerización es inconstitucional, alega Sintrajap
Sin embargo, el secretario general de Sintrajap, Antonio Wells, aseguró que están en contra de dicho proceso, pues contradice la Ley Orgánica de Japdeva y la sentencia N.° 2022016950 de la Sala Constitucional, del 2022.
La Ley Orgánica de Japdeva, en su artículo 6, inciso f, establece que la empresa estatal debe” organizar servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria, para vigilar las instalaciones, bienes, equipos y carga en custodia”.
Además, la citada sentencia de la Sala IV detalla que “la concesión de las obras y servicios públicos a que se refiere este proyecto de ley, exceptúa todo aquello relativo a la seguridad nacional, control aduanero, migración y todo aquello que tenga que ver con funciones propias del Estado, las que son indelegables e irrenunciables y en modo alguno pueden quedar en manos privadas”.
Dicha sentencia ejemplifica que, si un aeropuerto es dado en concesión para que el servicio público que ahí se presta sea realizado por un ente privado, lo relativo a la seguridad portuaria, migración y aduanas queda reservado exclusivamente al Estado, pues estas funciones no pueden ser ejercidas directa ni indirectamente por particulares.
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Según explicó Wells a La Nación, estos dos textos sustentan su acción de inconstitucionalidad contra el despido de los oficiales de seguridad de Japdeva.
La carta de cese de los funcionarios se ampara en la Ley de Transformación de Japdeva y en el pronunciamiento número C-475-2020 de la Procuraduría General de la República. No obstante, Wells defiende que la Ley Orgánica de Japdeva se sobrepone legalmente a cualquiera posterior, lo que ellos defenderán ante la Sala IV.
