La presidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega, aprovechó su comparecencia de este martes en el Congreso para presentar un proyecto de ley que la facultaría para despedir a los funcionarios cuya negligencia exponga a riesgo a los niños, niñas y adolescentes.
“Enterado el presidente ejecutivo de la comisión de una posible falta, dispondrá de inmediato, mediante providencia, una investigación sumaria (ágil) para determinar el establecimiento de un procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido en este reglamento.
"Cuando se compruebe que en la actuación ha mediado un trato negligente contra una persona menor de edad, la sanción correspondiente será el despido del funcionarios”, se lee en la iniciativa de ley que pretende reformar la ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Vega dijo que, actualmente, los procesos parta despedir un funcionario son lentos.
“Es importante que se vea que ante la situación de gravedad que ocurra a un niño es importante que la responsabilidad del funcionario PANI esté clara. La importancia de este proyecto es que le da una agravante a la situación cuando hay un niño con daño o que resulte muerto; es un agravante a la hora de poner la sanción.
"Es importante que veamos que cuando hay un trato inadecuado de los expedientes, puede desembocar en eso. Yo creo que se trató de explicar a la comisión los cambios que estamos haciendo en el PANI, se ha hecho muchísimo es una gestión técnica- científica”, sostuvo dijo Vega.
La propuesta trasciende apenas cuatro días después de que una funcionaria de la oficina del PANI en Desamparados fue suspendida, mientras se investiga si la devolución que hizo de varios niños a su familia, pudo haber incidido en la muerte de uno de ellos por aparente agresión.
El deceso del menor de tres años ocurrió la noche del jueves 6 de junio, en el Hospital Nacional de Niños.
Carlos Cabezas, del Sindicato de Trabajadores del Patronato (SEPI), dijo que el proyecto de ley que presentó Vega, “llueve sobre mojado” pues ya existe legislación administrativa y penal suficiente para despedir trabajadores.
“Para nosotros es inconstitucional ese proyecto pues nos da un tratamiento diferente al resto de la administración pública. No somos iguales ante la ley”, expresó el sindicalista.
Explicaciones y críticas
Justamente en la comparecencia de la jerarca con los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia se le cuestionó sobre la labor del Patronato a raíz de la muerte de este niño de Desamparados y otros dos más por aparentes agresiones.
El 7 de mayo, un bebé de 13 días de nacido en Alajuelita, y dos días más tarde, uno de cinco años en Sabanilla de Alajuela.
Vega expuso a los diputados que lidera una “institución calamitosa”, que tenía un pendiente de atención de 10.705 denuncias prioridad uno (para resolución en menos de 24 horas), cuando ella ingresó, en mayo del 2018.
“La Gerencia Técnica hizo un plan de cuatro meses para que los funcionarios atendieran un 6% semanal de denuncias prioridad para una meta mensual de 25% y finalizar con el atraso en diciembre del 2018. El resultado, según datos reportados por las direcciones regionales es que se alcanzó, en febrero del 2019, un 90% de la meta”, explicó Vega a los legisladores.
Afirmó que encontró una institución carente de tecnología, con ausencia de datos para tomar decisiones, una cultura de no supervisión y control y recurso humano sin inducción ni capacitación, atraso en la tramitación de expedientes y atención de los casos solo en horario de oficina, de lunes a viernes.
Dijo que, ahora, el PANI cuenta con un nuevo modelo de gestión de oficinas locales y que se está trabajando en un diagnóstico para un modelo de atención de emergencias 24/7 en coordinación con el Servicio de Emergencias 911 y el Ministerio de Seguridad.
Además, explicó que se reforzaron con 55 plazas las oficinas locales y se abrieron 23 plazas más en las direcciones regionales.
Reclamos de los diputados
Las explicaciones no convencieron a los diputados. Para José María Villalta, la presentación del proyecto de ley fue una “cortina de humo” para desligarse de su responsabilidad como jerarca ante lo que ocurre en la institución. Dijo que ya está en la legislación laboral que si un funcionario hace mal su trabajo se debe despedir.
La Nación publicó meses atrás que, para despedir a un mal funcionario público se tarda, mínimo, seis meses. Según el Estatuto del Servicio Civil, el trabajador cuestionado puede presentar tres apelaciones durante el proceso y una apelación final ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
LEA MÁS: Despedir a un empleado público corrupto toma por lo menos seis meses en Costa Rica
"Estoy muy preocupado, veo que hay una diferencia abismal de lo que cree doña Patricia sobre su gestión y lo que cree el resto de la sociedad. Ella habla muy mal de los funcionarios del PANI, les hecha la culpa de lo que esta mal, dice que no están capacitados, pero cuando se trata de asumir su responsabilidad, por ejemplo, por la subejecución de ¢25.000 millones el año pasado, por no abrir las plazas que le habían aprobado, por cerrar programas; ahí evade la responsabilidad.
La diputada de Nueva República, Ivonne Acuña, cuestionó el uso de recursos por parte de la entidad, con la contratación de una funcionaria en comunicación para el manejo de las redes sociales de Vega.
Harllan Hoepelman, del mismo bloque, cuestionó el hecho que de los 1.300 funcionarios del Patronato, solo 300 estén en la calle, visitando los hogares.
“El trabajo del PANI, está en la calle. Necesitamos ver un PANI que haga acciones con otras instituciones. Hay denuncias desde el 2014, cuando esas denuncias se atiendan, ya los menores no van a ser niños”, dijo Hoepelman.