El Ministerio de Justicia tiene el reloj en contra. El próximo 28 de febrero vencerá el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para el monitoreo de 1.800 privados de libertad y aún no define qué pasará con el servicio a partir de esa fecha.
Si llega el 28 de febrero sin conseguir una prórroga de emergencia con la ESPH o un nuevo proveedor, corre el riesgo de perderle el rastro a los reos.
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¿Qué opciones manejan para resolver el problema? ¿Cuáles son los escenarios para continuar con ese mecanismo de vigilancia? ¿Qué pasaría con los privados de libertad que portan una tobillera si el servicio se cancela? ¿Cuándo lograrán el presupuesto necesario para el monitoreo? ¿Pasarían los presidiarios con tobilleras a centros penitenciarios?
En la actualidad, ninguna de esas preguntas tiene respuesta.
“Vamos a intentar que todo salga bien”, dijo Fiorella Salazar, ministra de Justicia, en una entrevista con La Nación el viernes anterior.
Al insistirle sobre el futuro del monitoreo de los casi 2.000 privados de libertad, la jerarca reiteró que no puede adelantar posibles soluciones.
“El Ministerio está trabajando en soluciones y para resolver. Entonces, cuando sepamos exactamente que es el momento indicado para comunicarlo... Diay, salimos a comunicarlo. Yo sé que esta respuesta no es la que quieren escuchar, eso lo tengo clarísimo, pero yo creo que las cosas tienen un proceso de gestación y un proceso de nacimiento que también es importante respetar porque hay que cuidarlo”.
¿Cuándo definirá la entidad los pasos a seguir con el servicio de monitoreo electrónico?
“Yo lo que le puedo decir y es, digamos, mi compromiso sincero, es que en el primer minuto que ya sea el minuto para comunicarlo, lo vamos a salir a comunicar. No puedo decir una fecha exacta porque, además, hay muchas variables en juego”, respondió.
Rechazó que estén improvisando una solución.
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Sin fondos seguros
Un agravante es que el presupuesto para garantizar el monitoreo depende de una aprobación de la Asamblea Legislativa.
Actualmente, la institución paga $12,3 (¢7.575) diarios por cada privado de libertad que porta una tobillera.
Solo para el 2020, el presupuesto destinado para el monitoreo electrónico fue de $9 millones (¢5.514 millones). Entre 2017, cuando comenzó a ejecutarse el contrato, y 2020, la ESPH facturó $25 millones (¢15.318 millones) por esa labor.
Desde 2017, la ESPH cambió el subcontratista de tobilleras y sistemas informáticos en tres ocasiones debido a fallas y quejas de jueces.
“Nosotros sabemos que el proceso sigue los trámites normales de los presupuestos extraordinarios y estamos atentos a las noticias que nos lleguen de ahí”, comentó Salazar.
Este lunes 8 de febrero, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, aseguró que el servicio de tobilleras se mantendrá, pero no ofreció detalles sobre cómo cumplirán con ese propósito.
¿Qué dice la ESPH?
La Nación llamó a Allan Benavides, gerente general de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para consultarle sobre este tema, pero dijo que no puede referirse porque pesa sobre él una causa judicial por aparente tráfico de influencias.
En esa investigación – expediente 18-000094-1218-PE– indaga sobre la forma en que se adjudicó el contrato a la ESPH. También aparecen como imputados el exdiputado Víctor Hugo Víquez, el exmagistrado Celso Gamboa y dos empresarios de apellidos Rothe y Andel.
Por medio de la oficina de prensa, la ESPH manifestó que mantendrá el servicio de monitoreo " únicamente si hay un contrato vigente que lo respalde”, es decir, hasta el 28 de febrero.
Sobre la logística necesaria para retirar las tobilleras a los privados de libertad en caso de no continuar como proveedores, prefirieron no hacer comentarios.
Días atrás, el Ministerio de Justicia anunció el comienzo de un proceso de licitación internacional para conseguir un nuevo proveedor. Sin embargo, esa gestión tardará varios meses en completarse.
Relación problemática
La relación contractual entre el Ministerio de Justicia y la ESPH está marcada por constantes choques.
En 2019 requirieron la intervención del Ministerio de la Presidencia para resolver un conflicto relacionado con fallas en los sistemas de vigilancia.
En aquella oportunidad, la ESPH acusó a Justicia de desconocer el paradero de hasta 600 reos.
Además, en varias oportunidades se presentaron reclamos por dispositivos vulnerables que podían ser retirados por los usuarios y deficiencias en los sistemas informáticos.
