El monitoreo de aproximadamente 1.800 privados de libertad por medio de tobilleras electrónicas corre el riesgo de paralizarse.
La Contraloría General de la República (CGR) comunicó este viernes 29 de enero el rechazo a la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia para ampliar el contrato para esos fines con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por 24 meses más.
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La CGR argumentó que el Ministerio de Justicia no tiene certeza de cuánto costarían los servicios de la ESPH si se aprobara la prórroga solicitada.
Actualmente, la institución paga $12,3 (¢7.575) diarios por cada privado de libertad que porta una tobillera.
La Contraloría también consideró que la institución no demostró tener contenido presupuestario suficiente para hacerle frente a esa obligación y, por último, criticó que ni siquiera tienen claro cuándo vence el vínculo con el proveedor.
“Se observa que el contrato original tiene como fecha el 21 de octubre de 2016 por un plazo de 48 meses y fecha de ejecución el 09 de noviembre de 2016. En ese sentido deberá aclarar y justificar la Administración, de forma detallada, cuál es la fecha de extinción del contrato por el acaecimiento del plazo, a partir de su entrada en vigencia”, manifestó la Contraloría en la resolución enviada al Ministerio de Justicia.
De acuerdo con los documentos presentados por el Ministerio de Justicia, el contrato vence el 27 de febrero.
Días atrás, Fiorella Salazar, ministra de Justicia, expresó en una entrevista con La Nación que podía extender el vínculo con la ESPH sin acudir a la Contraloría, pero por tratarse de un tema “sensible” prefirió pedirle criterio.
“Aquí no estamos invocando ninguna excepción, el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa nos daría la posibilidad de hacer la extensión de manera unilateral sin consultarle a la Contraloría. No obstante, a mi me parece importante hacer esta consulta dado que es un tema que considero sensible, prefiero que la Contraloría venga y me diga: ‘no había necesidad de que me viniera a preguntar’, al hecho de que luego, lanzando el proceso (de renovación) nos diga: ‘¿Por qué no nos consultó’”, dijo en aquel momento.
No obstante, este viernes, por medio de un comunicado de prensa, la jerarca reconoció preocupación por el futuro del monitoreo.
“Hemos recibido respuesta de la Contraloría General de la República en relación con el artículo 208, sobre el cual les habíamos solicitado la posibilidad de extender el contrato actual de monitoreo electrónico. La Contraloría nos ha denegado la solicitud en esta ocasión. Por lo tanto, estamos analizando los criterios que ellos nos exponen en su oficio”, manifestó.
La Nación intentó hablar con Salazar para conocer cómo procederá la entidad a partir del criterio de la Contraloría, pero no contestó la llamada hecha a su teléfono celular.
En la actualidad, el Ministerio Público investiga un presunto tráfico de influencias relacionado con la adjudicación del contrato de monitoreo a la ESPH.
Por medio de un boletín de prensa, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia indicó que mantendrá la vigilancia electrónica de reos hasta que se cumpla la vigencia del contrato.
“La ESPH es respetuosa del proceso contractual establecido y mantendrá el servicio con las condiciones y la calidad acostumbrada mientras el contrato esté vigente con el respaldo de las instituciones pertinentes”, declaró la compañía.
Añadió que la fecha para la extinción del acuerdo es el 27 de febrero.
