3 de cada 10 funcionarios dicen haber sido testigos de actos de corrupción

¿Ha sido testigo de algún acto de corrupción en su institución pública? Ante esa pregunta, casi un 31% de funcionarios contestó afirmativamente en la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción 2020, elaborada por la Contraloría General de la República.

A su vez, de esos servidores, una tercera parte dijo que nunca denunció el hecho por miedo a represalias (45,5%), porque pensó que eso no cambiaría la situación (18,2%) o porque desconfía del sistema (11,4%).

Para esta investigación, se realizaron 600 llamadas telefónicas a empleados públicos de todo el país. El estudio tiene un margen de error del 4%.

De acuerdo con la encuesta, divulgada este lunes en la Memoria Anual de la Contraloría, los empleados públicos perciben que los actos de corrupción se presentan mayoritariamente en la entrega de licencias de conducir (72%), solicitudes de ayudas estatales (72%), permisos de construcción (65%) y paso de mercancías en las aduanas (64%).

Esos resultados no están relacionados con los actos de corrupción que afirmaron presenciar, sino más bien con la percepción que tienen los funcionarios.

Por otra parte, desde el punto de vista de la ciudadanía, la percepción es que los principales actos de corrupción se producen en la entrega de licencias de conducir (72%), paso de mercancías en las aduanas (68%), multas de tránsito (65%) y permisos de construcción (62%).

Para la percepción de la ciudadanía, la Contraloría entrevistó a 1.068 costarricenses mayores de edad, con un margen de error del 3%.

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De acuerdo con la Contraloría General de la República, la inmensa mayoría de los costarricenses reconoce que la corrupción le afecta directamente.

“Principalmente porque le genera inseguridad e intranquilidad (17%), porque afecta su economía personal y el desarrollo del país (17%), porque lleva a una mala utilización de los recursos públicos (12%) o porque, tarde o temprano, implicará un incremento en los impuestos y tasas que le cobran (11%), entre otras consecuencias”, señala el informe.

Pese a ello, el órgano contralor destaca que el sector público ha logrado evolucionar "de manera significativa" en su capacidad para prevenir la corrupción.

"Esto se mide por medio del cumplimiento de una serie de factores relacionados con el fortalecimiento del control interno institucional y que tienden a prevenir los actos de corrupción pública", afirma.

Al respecto la Contraloría señala una mejora en el cumplimiento de prevención de la corrupción en el sector público, según el Índice de Gestión Institucional.

“El proceso público que ha experimentado un mayor avance en materia preventiva durante ese periodo ha sido el de Presupuesto, que tuvo un crecimiento en el cumplimiento de 86%. En segundo lugar, se encuentra el proceso de Gestión Financiero Contable, que incrementó 30%. En tercer lugar el proceso de Servicio al Usuario, que mostró un incremento del 26%”.

Sin embargo, el informe advierte de que todavía quedan materias pendientes, por ejemplo, en contratación pública, uno de los procesos más suceptibles a actos de corrupción.

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Ese proceso apenas incrementó su porcentaje de cumplimiento en un tímido 13%.

La Contraloría ha urgido en reiteradas ocasiones, la necesidad de que todas las instituciones públicas realicen sus compras y contrataciones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para transparentar los procesos.

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