Patricia Leitón. 7 febrero
Uno de los grandes compradores del Estado es la Caja Costarricense de Seguro Social. En la foto medicinas en el Hospital San Vicente de Paúl, Heredia, Costa Rica. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal
Uno de los grandes compradores del Estado es la Caja Costarricense de Seguro Social. En la foto medicinas en el Hospital San Vicente de Paúl, Heredia, Costa Rica. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal

La Contraloría General de la República estimó en un monto equivalente al 1,55% de la producción interna (PIB), el ahorro que se obtendría si el 100% de los procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios se realizaran en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

En el estudio “Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras públicas electrónicas: beneficios y ahorros de la unificación", divulgado este viernes 7 de febrero, el órgano contralor explica los ahorros y beneficios en el uso del Sicop.

Según el documento, en el periodo 2017 se generó un ahorro que representa 20,8% del total de compras públicas registradas en Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC) y 0,9% del PIB, durante ese año.

“Considerando el escenario de incorporar al Sicop en el 2017 el 50% y 100% de procedimientos pendientes de contratación administrativa tramitados por otros medios, el potencial de ahorro estimado con respecto al PIB es de 1,23% y 1,55%, respectivamente”, concluyó la Contraloría.

En el 2017, cada 1% del PIB fueron casi ¢332.000 millones por lo que el 1,55% equivale a unos ¢514.000 millones.

El órgano contralor también observó que en el periodo de 2014 a 2019, los plazos transcurridos en los procesos de contratación que utilizan la plataforma Sicop, son menores en comparación con los procesos que se realizan en otros medios.

“Los procesos de licitación abreviada tardan hasta 23 días menos y los de licitación pública nacional hasta 89 días menos, desde la fecha de invitación hasta la firma del contrato. Así mismo, el potencial de ahorro que representa una mayor utilización de las modalidades de subasta a la baja y convenios marco, es importante”, señala el informe.

La implementación de este sistema en el sector público ha sido una larga historia, la cual se inició en el 2010 con el sistema digital Mer-Link.

En abril del 2013 hubo un primer intento de la expresidenta, Laura Chinchilla, para que todas las instituciones usaran Mer Link, pero no se logró.

Luego, el exdiputado Ottón Solís impulsó una ley que entró en vigencia en setiembre del 2016, la número 9.395, la cual daba un plazo de un año a todas las entidades del sector público para que usaran el sistema digital único, pero poco más de tres años después todavía no se logra.

La Contraloría considera como factores clave para potenciar la contratación pública: el ejercicio de la rectoría en el uso de medios electrónicos para uniformar e integrar procesos y evitar dispersión de esfuerzos y recursos, el costo de uso de la plataforma Sicop, la capacitación en el uso de la plataforma, la interoperabilidad del Sicop con otros sistemas institucionales en el sector público, y el módulo de datos abiertos de contratación administrativa.

“Por su parte, desde el punto de vista operativo, la capacidad de gestión de las instituciones en materia de compras públicas posee un nivel de madurez básico; (para potenciarla se requiere) la orientación de recursos para la analítica de datos; y el Proyecto Ley General de Contratación Pública, expediente número 21.546, el cual replantea el modelo de contratación pública vigente mediante una reforma integral para potenciar el desarrollo económico y social del país”, añadió la contraloría.

Ahorros por mejor uso de la liquidez

El órgano contralor también publicó otro estudio denominado “La caja única del estado y el manejo eficiente de la liquidez del sector público”, en el cual se refiere a los beneficios de administrar el dinero del sector público de forma centralizada.

La caja única se refiere a la concentración de recursos líquidos del Estado en un sola cuenta.

Las instituciones reciben recursos y realizan pagos y esa diferencia produce un saldo favorable que debe mantenerse en condiciones óptimas de disponibilidad, seguridad y rentabilidad.

Según el estudio de la Contraloría, al cierre del 2018, el sector público no bancario tenía una liquidez de ¢8 millones de millones, lo cual equivalía en ese año al 23% de la producción; no obstante, de ese monto solo se encontraba en la caja única del Gobierno ¢1 millón de millones.

Según cuantificó la Contraloría, se podría trasladar otro millón de millones a dicha caja, lo cual implicaría el pago de menos intereses y comisiones porque muchos de esos recursos están invertidos en el mismo Gobierno como títulos valores.

Julissa Saenz, gerente del área de Administración Financiera de la Contraloría, comentó que remitieron estos estudios a la Asamblea Legislativa para analizar estas dos posibles fuentes de ahorro fiscal.

Esto es en momentos en los cuales el Gobierno afronta una situación estrecha debido al alto déficit fiscal, que el año pasado alcanzó un monto equivalente al 7% de la producción.