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Pese a ser una de las principales exigencias del movimiento estudiantil autónomo para levantar la toma de la Rectoría, el jerarca de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, no presentó su renuncia.
En su lugar, las partes acordaron condicionar su permanencia en el cargo al cumplimiento íntegro y verificable de los compromisos alcanzados tras cinco sesiones de negociación.
“Es evidente que uno de los puntos más fundamentales que incluimos dentro del pliego de peticiones fue la renuncia del rector Carlos Araya. Ante la no apertura dentro del proceso de negociación para que esto se llevara a cabo, quisimos plantear una propuesta que tuviera suficiente peso respecto al fondo de la negociación que teníamos en principio (FEES); y para esto, planteamos el impulso de un estudio actuarial”, dijo una de las estudiantes en una conferencia de prensa convocada para la noche de este miércoles.
Ese estudio actuarial será independiente y público sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FES) aplicado a la UCR, con proyección de hasta 15 años fiscales (2025-2040).
“El estudio actuarial requiere que fundamente la negociación presupuestaria y que proponga un modelo de financiamiento justo, creciente y redistribuible a nivel externo, que no vaya en detrimento de las finanzas de la Universidad de Costa Rica. El estudio deberá producir una recomendación sobre el porcentaje de crecimiento real anual del FEES que no ostente reducción nominal presupuestaria alguna como producto de cualquier redistribución", dijo la estudiante.
La propuesta base no puede ser inferior al 2.94% que fue lo planteado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para el 2027.
El estudio deberá analizar áreas como becas, regionalización, sostenibilidad salarial e indicadores de calidad universitaria. La comisión encargada incluirá representación interna y externa, así como participación estudiantil con voz y voto.
El anuncio se dio al cierre del proceso de diálogo sostenido entre la Administración universitaria y representantes del movimiento estudiantil autónomo, iniciado en el contexto de la toma de la Rectoría que comenzó el 22 de abril de 2026. Según expusieron las delegaciones, el proceso abordó un pliego de 69 solicitudes y se desarrolló entre el 4 y el 12 de mayo.
La toma se precipitó después de que el pasado 21 de abril las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades fracasaron porque el gobierno propuso no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones.
Otros acuerdos
Entre los acuerdos centrales figura el reconocimiento formal y por escrito del movimiento estudiantil autónomo como actor legítimo dentro de la UCR, así como el aval institucional —por medio de un acuerdo que deberá refrendar el Consejo Universitario— de la toma de la Rectoría como acción legítima de protesta amparada por derechos constitucionales y la libertad de expresión.
También se pactaron garantías de no represalias académicas, administrativas, disciplinarias o judiciales contra personas que participaron en las movilizaciones; la justificación de ausencias y afectaciones académicas derivadas de la protesta; y la apertura de investigaciones ante denuncias de violencia, hostigamiento, discriminación, machismo y homofobia que supuestamente ocurrieron durante el proceso de negociación.
El acuerdo también contempla la creación de una mesa permanente sobre el FEES, así como múltiples acciones para su defensa. Además, se acordó convocar consejos de rectoría ampliados mensuales para rendición pública de cuentas, y la diversificación de vocerías de la UCR en la discusión nacional sobre financiamiento universitario.
Se acordó el fortalecimiento del sistema de becas, comedores, residencias, servicios de salud, acompañamiento psicosocial y mecanismos de permanencia estudiantil. Además, la priorización política y presupuestaria de sedes regionales y recintos para combatir el centralismo universitario.
Además de los estudiantes, la comisión negociadora designada por el rector estuvo integrada por la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; la representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario, Esperanza Tasies Castro; José Antonio Blanco Villalobos, decano de la Facultad de Artes, y Javier Tapia Balladares, director del Instituto de Investigaciones en Psicología.
