El Ministerio de Hacienda identificó una serie de riesgos que podrían derivar en atrasos y sobrecostos para el proyecto de la construcción de la nueva carretera a San Carlos.
Los hallazgos figuran en el Informe de seguimiento sobre los créditos externos de inversión pública correspondiente al segundo semestre del 2025 y que fue publicado a finales de febrero de este año.
El documento analiza entre otros proyectos, la ejecución presupuestaria del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la carretera a San Carlos, el cual pasó de tener una condición de “buen desempeño” a “alerta”, según el avance registrado en ese período.
El reporte separa los tres componentes claves del proyecto, que incluyen la punta norte (finalizada desde el 2018), la punta sur y el tramo central.
En relación con la punta sur, se detalla que la obra adjudicada a MECO recibió orden de inicio en mayo del 2025 y a partir de ahí comenzó la elaboración de los estudios del proyecto. En paralelo se realizaron “estudios de suelo y trabajos técnicos preliminares” en puntos cercanos a Sifón.
La semana pasada el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el avance de obras en ese trayecto de 8 km que es el que comunica Sifón de San Ramón con la carretera Bernardo Soto. En esa oportunidad se indicó que la empresa avanza al día con el programa y aprovechando la época seca.
En el tramo central, que corresponde a la sección más extensa del proyecto, se detalla que se sigue a la espera de la adjudicación de los contratos “para actualizar costos y cronogramas de ejecución”.
El MOPT solo recibió una oferta por parte de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para completar las obras en el trayecto de 29 km entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada. A pesar de que el ministerio avaló dicha oferta, la recomendación de adjudicación debía recibir el visto bueno de parte del BID, esa aprobación está pendiente desde julio del año pasado.
Precisamente el retraso en la adjudicación es citado por Hacienda como uno de los principales problemas del proyecto.
“El proceso se mantiene en etapa de evaluación debido a que se recibió una única oferta, lo cual ha requerido una revisión más exhaustiva y la atención de aclaraciones solicitadas por el BID para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y financieros establecidos en los documentos de licitación”, señala el informe.
Según ese mismo documento, la Administración ha atendido “oportunamente” las solicitudes de aclaración y además se desarrollan reuniones estratégicas para “definir el curso del proceso de contratación y avanzar hacia la adjudicación”. La estimación es que esa obra quede adjudicada en el primer semestre de este año.
En la punta sur se debió extender el plazo de diseño por requerimientos de estudios adicionales, cuya necesidad fue identificada por el contratista. Eso generó una ampliación de tres meses en el plazo previsto para la finalización de los diseños.
Ante esto, la unidad ejecutora pidió al contratista presentar una hoja de ruta y actualizar sus cronogramas, estos documentos debían ser entregados en el I trimestre de este año.
Otro problema es los atrasos en la contratación de consultorías de seguimiento y control, lo cual demora la evaluación de ofertas para la supervisión del programa. Esto también ha afectado la aprobación oportuna de pagos al contratista al no contar a tiempo con los recursos de supervisión para la verificación de calidad.
Riesgos
El informe enlistó los tres principales riesgos que enfrenta el proyecto de construcción de la carretera por la que los sancarleños han esperado más de 50 años.
El primero tiene que ver con la falta de obtención oportuna del derecho de vía necesario para la ejecución de las obras, lo cual podría generar demoras en el cronograma, afectar la planificación y aumentar los costos.
Adicionalmente, se menciona el riesgo de limitación presupuestaria para completar el alcance de las obras “debido a que los montos presupuestarios actuales se basan en estimaciones y aproximaciones”.
Para completar el tramo central y la llamada punta sur, el gobierno disponía de un crédito por $225 millones otorgado por el BID, al que se le sumaron $110 millones de la fallida ampliación de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal. El movimiento dejó un total disponible de $335 millones para ambas secciones.
Sin embargo, solo en el caso de la punta sur se requieren de al menos $196 millones que fue el monto adjudicado a MECO, quedando un saldo de $136 millones para el tramo central, a pesar de que ese trayecto es más extenso y se había previsto que requería una inversión mayor (aproximadamente $183 millones).
El jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró el año anterior que el monto pendiente sería cubierto por el Ministerio de Hacienda.
En relación con las expropiaciones, Zeledón dijo a este diario en diciembre anterior que en el caso de la punta sur, solo quedaban tres expropiaciones pendientes en el tronco principal.
En tanto, en el tramo central, según el informe de Hacienda había al cierre del segundo semestre del 2025, un total de 26 predios por adquirir. La totalidad de esos terrenos deberían tener entrada en posesión judicial para diciembre de este año, de acuerdo con la ruta crítica del proyecto citada en el informe.
El tercer riesgo citado en el documento corresponde a limitaciones para monitorear el mercado para manejar costos actualizados en los procesos de contratación, así como los retrasos en el proceso de contratación debido a objeciones y apelaciones.
El reporte concluye que el éxito de este proyecto “dependerá de la pronta adjudicación del tramo central”, del cierre oportuno de la etapa de diseño en punta sur y del fortalecimiento continuo de la gestión contractual y financiera, para cumplir con los cronogramas dentro del plazo para desembolsos el cual vence el 10 de enero del 2029.
La Nación consultó al MOPT, sobre las medidas que está tomando esa entidad para mitigar los riesgos de atrasos y sobrecostos que podrían ocasionar los problemas citados por Hacienda, así como la fecha en la que se tiene previsto recibir una respuesta de parte del BID respecto a la no objeción para la adjudicación del tramo central, pero al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.