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El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, propuso este jueves de manera formal y pública a varias entidades públicas que, si retiran apelaciones presentadas contra su reciente sentencia absolutoria en el caso conocido como INS-Reaseguros, él renunciará al cobro de las costas procesales a las que tiene derecho.
Así lo propuso en un comunicado de prensa donde el exmandatario busca, con este planteamiento, poner punto final a un proceso judicial que se originó hace 25 años y evitar que el Estado continúe destinando recursos humanos, institucionales y económicos a la causa.
“Como tengo 86 años y lo que deseo es terminar finalmente con estas injustas persecuciones y en beneficio de los costarricenses, formal y públicamente planteo a los apelantes que, si retiran sus apelaciones, yo renuncio a las costas”, manifestó el expresidente.
Rodríguez sostiene que no le interesa el dinero, sino tener paz tras un proceso que, según dictaminó la sentencia absolutoria unánime, no logró demostrar un solo hecho probado en su contra y que condenó al pago de costas por considerarse que las acusaciones fueron una “temeridad”.
Actualmente, existen cuatro apelaciones presentadas contra la sentencia que absolvió al exmandatario el pasado mes de mayo.
Al respecto, Rodríguez argumenta que prolongar el caso significa mantenerlo en una situación de exposición judicial permanente por un proceso sobre el cual la Sala Constitucional ya determinó que se violentó su derecho a una justicia pronta y cumplida.
En el comunicado, el expresidente recordó que hace casi 22 años renunció voluntariamente a un altísimo cargo internacional, cuando fue elegido Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el 2004, para volver a Costa Rica y someterse a los tribunales nacionales por las acusaciones en su contra.
Mencionó que, así como fue absuelto de manera unánime hace 13 años en el caso ICE-Alcatel, en este caso de reaseguros tampoco existen hechos que se le achaquen.
“Después de 25 años de estar en la pena de banquillo, no es justo que se quiera continuar con este proceso cuando los jueces han sido contundentes (...). No quiero dinero. Quiero paz, quiero que esto termine y quiero que el Estado deje de gastar recursos en un caso que ya debería estar cerrado”, concluyó Rodríguez.
Un caso de dos décadas del expresidente Miguel Ángel Rodríguez
La oferta del expresidente llega luego de que, el pasado 29 de mayo, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José lo absolviera por el delito de peculado, juzgando hechos denunciados hace más de dos décadas.
El caso se refiere a supuestos pagos indebidos realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos costarricenses en el año 2001, presuntamente con el objetivo de convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a los implicados de peculado, un delito tipificado en el artículo 361 del Código Penal que se pena con cárcel de tres a 12 años, y que ocurre cuando un funcionario público sustrae o distrae dinero o bienes cuya administración o custodia le fue confiada por su cargo.
Esta causa estuvo marcada por más de 20 años de investigaciones, apelaciones y severos retrasos judiciales. La investigación original abarcaba presuntos hechos irregulares entre finales de los años noventa e inicios de los 2000, los cuales se dividieron en dos expedientes.
El primero investigaba el aparente pago de $2,1 millones realizado por la reaseguradora londinense PWS entre 1998 y 2002; el segundo abordaba supuestas comisiones y viajes financiados por las corredoras Guy Carpenter y Willis Re durante el 2001. En agosto del 2013, ambos expedientes fueron acumulados.
El camino en tribunales enfrentó enormes obstáculos. Solamente la fase preparatoria en el Juzgado Penal tardó 12 años y siete meses.
