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El Gobierno de Estados Unidos instó a sus socios en América, incluido Costa Rica, a sustituir rápidamente a proveedores tecnológicos que considera de “alto riesgo” por compañías que califica como confiables, al advertir sobre posibles amenazas para la seguridad de las telecomunicaciones y la soberanía de los países.
El llamado fue realizado por Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien señaló directamente a las compañías chinas Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI.
“Instamos a los socios de EE. UU. en las Américas a que cambien rápidamente a proveedores de confianza para proteger a su población y su soberanía”, manifestó Segura, el 24 de agosto, en una publicación realizada en la red social “X”.
Las tecnologías de alto riesgo de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están en última instancia sujetas a la voluntad del Gobierno comunista chino. La legislación china obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de…
— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) August 24, 2026
El funcionario calificó las tecnologías de esas empresas como de “alto riesgo” y afirmó que están sujetas, en última instancia, a la voluntad del Gobierno chino.
Según Segura, la legislación de China obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Pekín, una situación que, a criterio del gobierno estadounidense, genera riesgos de espionaje, piratería informática e interrupciones en las redes.
Embajada traslada mensaje a Costa Rica
Este sábado, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica retomó el pronunciamiento y lo vinculó directamente con el contexto costarricense, al referirse a la protección de la infraestructura de telecomunicaciones, los datos sensibles y los procesos de contratación pública del país.
La representación diplomática sostuvo que los peligros asociados con proveedores considerados de “alto riesgo”, “van más allá de la tecnología y la seguridad” y plantean también desafíos relacionados con la gobernanza.
“Aplaudimos a las instituciones costarricenses por todos sus esfuerzos para defender la transparencia, la competencia justa, y la soberanía y seguridad de su infraestructura de telecomunicaciones y datos sensibles en los procesos de contratación pública”, señaló la embajada.
Como señala @WHAAsstSecty, los peligros asociados con proveedores de alto riesgo van más allá de la tecnología y la seguridad: también plantean serios desafios de gobernanza. Aplaudimos a las instituciones costarricenses por todos sus esfuerzos para defender la transparencia, la… https://t.co/yM91qxY8N0
— US Embassy San Jose (@usembassysjo) August 29, 2026
Amplio antecedente de polémicas con China
El pronunciamiento estadounidense ocurre después de varios años de controversia en Costa Rica por la participación de empresas chinas en el despliegue de redes 5G.
Durante el gobierno de Rodrigo Chaves se emitió un decreto ejecutivo que condicionó la participación en el despliegue de esas redes a empresas provenientes de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Debido a que China no forma parte de ese tratado, la disposición excluyó en la práctica a compañías de ese país, entre ellas Huawei.
En abril de este año, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó a la empresa sueca Ericsson la implementación de su red 5G, mientras que Coasin-Nokia obtuvo la contratación para suministrar equipos y servicios de conectividad de las radiobases institucionales.
El ICE indicó entonces que el proceso cumplía con lo establecido en el decreto relacionado con el Convenio de Budapest.
La restricción a proveedores chinos ha sido uno de los puntos de tensión entre Costa Rica y China. Desde 2023, autoridades estadounidenses también han expresado públicamente su preocupación por la participación china en infraestructura estratégica de América Latina, incluidas redes 5G y cibertecnología.
El debate sobre la red 5G también podría estar relacionado con el retiro de visas a figuras políticas. Las primeras en sufrir esta medida fueron las exdiputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, entonces integrantes del Partido Liberal Progresista (PLP), y posteriormente Francisco Nicolás y Vanessa Castro, de Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
El 4 de setiembre de 2025, Washington oficializó una política para restringir la entrega de visas a ciudadanos centroamericanos, incluidos costarricenses, que colaboren con el Partido Comunista Chino.
Meses antes, la embajadora china en Costa Rica, Wang Xiaoyao, había denunciado que Estados Unidos utilizaba la cancelación de visas como un mecanismo de presión política.
