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La Municipalidad de Cartago plantea desalojar los asentamientos en Los Diques, donde viven miles de personas, y reubicar a las familias. Sin embargo, la ejecución de esta propuesta enfrenta retos sociales, legales y de capacidad estatal.
“Si fuese que nos van a sacar de aquí y nos van a reubicar en una casa digna, ahí está el apoyo, pero no sería justo que nos tiren a la calle”, dijo doña Patricia, de 50 años, vecina del sector de Miraflores, quien pidió omitir sus apellidos por seguridad.
La propuesta, impulsada por el alcalde Mario Redondo, cobró fuerza el jueves 12 de marzo, cuando autoridades de los ocho cantones de Cartago se reunieron con representantes del Gobierno para abordar la crisis de seguridad en la provincia.
En ese encuentro participaron representantes del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y otras instituciones del Estado.
Los alcaldes acordaron impulsar acciones para recuperar espacios públicos, entre ellos Los Diques, una franja de 12 kilómetros construida como contención del río Reventado, pero que desde hace décadas alberga asentamientos informales.
Según la Municipalidad de Cartago, en la zona viven al menos 2.500 familias, unas 11.000 personas.
Mario Redondo calificó el sector como una “bomba de tiempo”, al señalar problemas de hacinamiento, falta de condiciones sanitarias y presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico. Según dijo, uno de los acuerdos es iniciar un proceso para desalojar las construcciones en la zona, principalmente por razones de riesgo.
“Esta zona ha sufrido históricamente crecidas cada 60 años. Ya han pasado más de seis décadas desde el último evento y no podemos mantenernos pasivos ante una situación que puede comprometer la vida de muchas personas”, afirmó en entrevista con La Nación el 13 de marzo.
Además, señaló que el asentamiento genera presión sobre los servicios públicos. “Son miles de personas que consumen agua y electricidad sin un esquema formal, lo que también representa una carga para el resto de la población”, agregó.
Un día después, La Nación informó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó a Redondo sobre un supuesto plan de un grupo criminal para atentar contra su vida, presuntamente vinculado a su propuesta de reasentar esa zona.
Tras esa situación, el alcalde interpuso una denuncia ante la Delegación Regional del OIJ en Cartago y posteriormente evitó referirse al tema por recomendación de sus abogados.
Propuesta de desalojo y reubicación
Según explicó la Municipalidad de Cartago, la estrategia iniciaría con un proceso de diálogo con las comunidades y el registro de las personas que habitan en la zona, con el fin de identificar a quienes se encuentran en condición de pobreza extrema.
La intención de la Municipalidad es canalizar apoyos sociales para estos casos, en coordinación con instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Vivienda, así financiamiento mediante cooperación internacional.
La alcaldía de Cartago asegura que, como los terrenos están bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la intervención que pueden hacer en el lugar es limitada.
El proyecto retomaría iniciativas anteriores como “Vivienda para Todos”, una propuesta impulsada hace aproximadamente cinco años con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, pero que no se concretó por falta de respaldo del gobierno de Carlos Alvarado, según explicó la Municipalidad.
Ante una posible ejecuación del plan, el IMAS indicó que su intervención se enfocaría en hogares en pobreza y pobreza extrema, los cuales deben ser identificados mediante herramientas como el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
En ese sentido, advirtió que en procesos de desalojo masivo se requiere una coordinación interinstitucional para atender las necesidades de la población afectada.
En el caso de la población migrante, el acceso a subsidios depende de su condición migratoria y de factores como la presencia de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad.
Reubicación tomaría años
La ministra de Vivienda, Grettel Vega, explicó que las personas costarricenses o extranjeras que habitan en asentamientos informales pueden acceder a un bono de vivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“En el momento en que la Municipalidad nos solicite el apoyo, estaremos analizando cada uno de los casos para determinar quiénes acceden y quiénes no”, afirmó.
Entre los requisitos para optar por el beneficio, la jerarca mencionó la conformación de un núcleo familiar, no poseer vivienda propia y, en el caso de personas extranjeras, contar con su situación migratoria regularizada.
Además, indicó que no todas las familias necesariamente tendrían que ser reubicadas. “Puede haber personas que requieran reubicación, otras que necesiten el título de propiedad o que puedan permanecer en el lugar con mejoras habitacionales”, explicó.
Vega advirtió que un proceso de reubicación de gran escala no sería inmediato, sino que puede tardar varios años, conforme se vayan asignando los recursos.
En esa misma línea, el jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Lidier Esquivel, señaló que, aunque es posible intervenir este tipo de asentamientos, no se trata de un proyecto que se vaya a resolver en meses o en un año.
Zona de alto riesgo
Esquivel explicó que el sector de Los Diques forma parte de la cuenca del río Reventado, una zona con antecedentes de eventos destructivos desde el siglo pasado, asociados a la actividad del volcán Irazú.
Según el especialista, los principales riesgos incluyen desbordamientos e incluso flujos de materiales con alta capacidad de arrastre, similares a los ocurridos en 1963 y 1965.
Mas recientemente, en noviembre de 2024, un total de 63 familias fueron desalojadas del dique La Mora, en Guadalupe de Cartago, donde un deslizamiento ocurrido el 11 de octubre dejó prácticamente colgando las viviendas que ocupaban.
El especialista advirtió que uno de los principales desafíos es que, para muchas familias, el riesgo no es una prioridad frente a necesidades más urgentes como vivienda, empleo o seguridad.
Así lo reconoce doña Elizabeth, de 42 años, quien ha vivido la mitad de su vida en Los Diques y tiene cuatro hijos.
“Uno sabe que esta no es una zona para vivir, siempre se ha sabido. Pero si nos dicen que nos van a dar una casa, uno se va sin problema. El miedo es que lo saquen a uno y lo dejen sin nada”, dijo.
Por su parte, doña Patri señala que su casa, que compró por ¢50.000, hoy es el único lugar que reconoce como propio. La mujer relató que llegó a la zona hace años y que desde entonces se dedica a recoger chatarra para vender, actividad con la que sostiene su hogar.
Esta situación se enmarca en un contexto nacional de crecimiento de asentamientos informales. Según la Contraloría General de la República (CGR), en 2025, se registraron 576 asentamientos, lo que representa un incremento del 50% en comparación con 2013.
En total, en estos asentamientos habitan 64.128 hogares, equivalentes a aproximadamente 183.000 personas.
El mayor reto: evitar que vuelvan a ser ocupados
El experto también alertó que el principal obstáculo no es únicamente desalojar a la población, sino evitar que los terrenos vuelvan a ser ocupados.
En ese sentido, la CNE plantea la recuperación de los terrenos mediante su transformación en espacios públicos, como parques, una estrategia utilizada en otros países para reducir el riesgo de reasentamientos.
En la década de 1990, se impulsó un proceso de reubicación de familias de Los Diques de Cartago hacia proyectos habitacionales como Manuel de Jesús Jiménez.
Sin embargo, según explicó Esquivel, la falta de intervención sobre los terrenos desocupados provocó que estos fueran ocupados nuevamente.
