Un total de 63 familias fueron desalojadas el martes 22 de octubre del dique La Mora, en Guadalupe de Cartago, donde un deslizamiento ocurrido el 11 de octubre dejó prácticamente colgando las modestas viviendas que ocupaban.
Los diques fueron construidos por militares estadounidenses que vinieron a colaborar luego de las avalanchas de diciembre de 1963, cuando el volcán Irazú estaba en erupción y gran parte del material expulsado y acumulado en la cima bajó por el río Reventado y arrasó todo a su paso.
Esos paredones se levantaron para contener nuevas crecidas en el futuro. Sin embargo, hace aproximadamente 40 años comenzaron a ser invadidos, y la ocupación creció hasta alcanzar unas 2.500 familias a lo largo del río.
El 21 de octubre, El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) giró un monto mensual de ¢200.000 por familia para cubrir el alquiler de vivienda en otro sitio. En total, cumplieron con los requisitos para el bono 59 de esas familias (dos no lo hicieron y dos no se presentaron).
Durante tres meses tendrán ese beneficio y, luego, cada familia debe buscar una solución definitiva para su situación de vivienda.
Mario Redondo, alcalde de Cartago, afirmó que, una vez entregados los subsidios, se demolieron las estructuras, en su mayoría de madera y cinc.
Además, se coordinó con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para iniciar las obras de primer impacto, que buscan rehabilitar el dique y frenar los desprendimientos. Estas labores comenzaron el lunes y son supervisadas por el municipio.
Simultáneamente, se realizan operativos constantes para evitar que otras familias ingresen a la zona desalojada. Estas acciones están a cargo de la Policía Municipal, la Fuerza Pública y la sección de Urbanismo del ayuntamiento.
Se planea instalar estructuras de concreto y grandes piedras que impidan levantar nuevos asentamientos en el área. La propuesta de plantar árboles se descartó, ya que en otras ocasiones han sido cortados.
Por otro lado, el Departamento de Obras Pluviales, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), inició un estudio más detallado de la situación, mientras que el municipio, en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, instalará un sistema de alerta temprana en la zona, debido a que el río Reventado corre con caudal alto durante la temporada de lluvias y existe un elevado riesgo de avalanchas por la inestabilidad y erosión en las partes altas.
Difícil situación
Una de las familias desalojadas es la de Rosa López Dávila, quien afirma que tuvo que alquilar una casa cerca del cruce de Taras. Según López, el desalojo fue tan rápido que no le permitió llevarse algunos muebles que le costó mucho adquirir.
Ella tenía cinco años viviendo allí con su familia y describe el deslizamiento y el posterior desalojo como “una tormenta sobre otra”.
Aunque sabía que habitaba en terrenos ajenos, considera injusto que no le dieran más tiempo para rescatar algunos de sus muebles y a su gato, al que no logró encontrar.
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En casi 10 meses transcurridos de este año, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en conjunto con los comités municipales y comunales de emergencias, ha realizado más de 950 inspecciones de monitoreo y vigilancia en zonas inestables y en todos los deslizamientos activos.
La mayoría de estos deslizamientos se encuentran en los cantones de Puriscal y Turrialba, con 11 cada uno, seguidos por Pérez Zeledón y Aserrí, con 10 cada uno. Otros desprendimientos que se monitorean de cerca son el de La Cascabela y calle Los Mangos, en Alajuelita, así como El Tablazo, en Desamparados.
Los expertos de la CNE señalan que, aunque un deslizamiento de tierra puede darse en casi cualquier lugar, existen zonas con mayor probabilidad de ocurrencia, como Desamparados, Acosta, Puriscal, Los Santos, Pérez Zeledón y Turrialba.
El desprendimiento más reciente es el de Ojo de Agua, en Legua de Naranjo, Aserrí, donde a mediados del mes pasado se desprendieron aproximadamente 10 hectáreas de terreno, afectando tomas de agua y caminos, aunque sin causar daños a viviendas.
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