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El Ministerio de Educación Pública (IMAS) comenzó, este miércoles, a remitir al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) los números de teléfono de los estudiantes urgidos de acceso a Internet, tras cumplir con los requisitos para poder trasladar esta información de carácter privado.
Sin embargo, será hasta agosto que los operadores reciban la información para contactar a los 215.000 alumnos pobres que requieren conectividad para seguir estudiando a distancia durante la pandemia.
Aunque el MEP comenzó ayer la carga de estos datos al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) del IMAS, la próxima recarga de información en el sistema de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), está programada para agosto.
La Sutel es la encargada de remitir esos datos a las operadoras para que sean ellas las que contacten a los potenciales beneficiarios y les ofrezcan el servicio.
La fecha de la recarga de esos datos a la Sutel fue confirmada, esta tarde, por el presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, luego de asistir a una audiencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa.
Diputados de ese foro le cuestionaron, justamente, la tardanza para lograr la conectividad de los alumnos durante la pandemia.
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A la audiencia también fueron convocadas la ministra de Educación, Guiselle Cruz; y la directora de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), Elizabeth Mora.
Dicha agencia puso dos condiciones al MEP para que pudiera vompartirle al IMAS la información de los números de teléfono de sus alumnos. La Prodhab, en un inicio, había prohibido del todo el traslado de esos datos entre instituciones.
Para poder trasladar los datos, se recomendó al MEP y al Sinirube contar con un convenio y con los protocolos de actuación en el tratamiento de esa información. El convenio actualizado entre ambos se firmó ayer y de inmediato comenzó la recarga de datos.
“Las cargas están programadas en un cronograma conjunto, la que está pendiente es la que se hará a inicios de agosto, para que los datos estén bien procesados y verificados; para que vaya todo en orden”, manifestó Bermúdez.
Audiencia
Los diputados cuestionaron a los jerarcas del MEP, IMAS y Prodhab porque, a la fecha, no se materializa la dotación de equipo e Internet a los alumnos elegidos para recibir dicha ayuda.
Desde agosto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Miccit) definió las metas para conectar y dar equipo a los 215.000 estudiantes que el MEP identificó.
La primera meta era dotar de computadora e Internet a 46.000 familias, incluyéndolas en el programa Hogares Conectados, que ofrece los recursos a cambio de tarifas mínimas, que oscilan entre ¢3.500 y ¢10.200 al mes. La ayuda se da por hasta cinco años.
El MEP dijo que el pasado 7 de mayo, Sutel les informó de que habían conectado apenas a 17.000 hogares, pero la meta para abril eran 24.500 hogares.
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La segunda meta definida por Miccit era dotar solo de Internet (no equipos) a 100.000 hogares. Para abril, se debieron haber alcanzando a 40.684 pero, a finales de mayo, solo llevan 1.902.
La tercera meta es la dotación de computadoras a 86.000 alumnos. La ministra de Educación indicó, en la audiencia de este jueves, que la última información que tiene es que estos dispositivos se van a entregar en setiembre. Sin embargo, antes habían prometido que estarían para marzo y julio.
Sutel dijo a La Nación, a finales de mayo, que la falta de números de teléfono actualizados de los estudiantes era lo que les impedia cumplir con esas metas del equipo y la conectividad.
Como el IMAS no tenía los datos, les estaban enviando los números de estudiantes que guardaban en sus registros pero, según la Sutel, mucha de esa información está desactualizada por lo que también era una dificultad para localizar a los estudiantes y conectarlos.
Elizabeth Mora alegó ante los diputados que su renuncia a aprobar la transferencia de datos y recomendar el convenio y los protocolos de actuación para poder pasar la información, estuvo apegada a la ley Nº 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
La directora de Prodhab alegó que en los convenios se establecen las responsabilidades del ente que transfiere la información y del que la recibe.
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“El fin último de la ley no es solo garantizar el derecho a la privacidad de las personas, sino que en ese tratamiento de datos personales, que es absolutamente necesario para el funcionamiento de la Administración Pública, se deben de cumplir todos los mecanismos de seguridad que establece tanto la ley como el reglamento”, manifestó.
Por su parte, Juan Luis Bermudez añadió que más allá de la gestión burocrática entre instituciones es importante que la Sutel informé cuál es el nivel de cobertura, tipo de tecnología, y calidad de servicio que tienen los cantones, distritos fronterizos y costeros.
“Hemos referido estudiantes que califican y hogares que califican con todos los criterios y resulta que alrededor del casco central de ese cantón ya no hay conectividad. Como país tenemos un reto muy grande en este tema”, añadió Bermúdez.
La ministra de Educación Pública coincidió en que el desafío es avanzar en la infraestructura de telecomunicaciones ya, según explicó, que el 70% de los estudiantes residen fuera de la Región Central y el 52% de ellos, habitan en zonas costeras y fronterizas.
“En este momento, el programa (Hogares Conectados) no subvenciona ni promueve despliegue de infraestructura y eso es una limitación para avanzar. En algunas zonas que no hay Internet, los beneficiarios no puede recibir el servicio”, añadió Cruz.
En mayo, el MEP dijo a La Nación que la Sutel les había informado que son más de 111 distritos que tienen problemas de infraestructura de telecomunicaciones.
El diputado Wagner Jiménez, presidente de la comisión, anunció que van a llamar a audiencia a las autoridades de la Sutel, Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y Miccit.
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Según el MEP, el número de alumnos sin Internet aumentó este año a 425.000 por el impacto económico de la pandemia. El año anterior eran cerca de 350.000.
El número actual de estudiantes sin conectividad representa el 35% de los 1,2 millones de alumnos del país.
Dicho dato pesó mucho a la hora de que las autoridades optaran, ante el incremento de casos de covid-19, por interrumpir el curso lectivo por cuatro semanas en vez de continuarlo virtualmente.
La suspensión de las lecciones en los centros educativos públicos comenzó el pasado 24 de mayo. Los alumnos volverán a clases el 12 de julio, pasadas las vacaciones de medio año.
