Daniela Cerdas E.. 25 agosto
El ITCR tiene cerca de 11.000 alumnos matriculados, un 62% de ellos recibe algún tipo de beca. Por año, esta universidad recibe cerca de 1.900 estudiantes de nuevo ingreso. Foto: Cortesía TEC
El ITCR tiene cerca de 11.000 alumnos matriculados, un 62% de ellos recibe algún tipo de beca. Por año, esta universidad recibe cerca de 1.900 estudiantes de nuevo ingreso. Foto: Cortesía TEC

Un estudiante no becado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) paga ¢18.000 semestrales por cada crédito de una materia, sin distingo de su nivel socioeconómico.

Además, se le cobra un tope de 12 créditos (una materia puede valer hasta cuatro créditos) aunque lleve hasta 20.

Lo anterior ocurre a pesar de que la población de primer ingreso del Instituto (en el periodo 2017-2018) se caracteriza por la presencia de “estudiantes del entorno urbano con una alta participación con secundaria privada (23%), mayoritariamente provenientes de cantones de medio y alto desarrollo social (más del 60%) y baja incidencia de la pobreza”.

Es por esto que las autoridades están por presentar al Consejo Institucional, la máxima instancia de la Universidad, un documento en el que proponen que los alumnos que no reciben beca paguen por el costo de cada crédito de acuerdo con sus ingresos.

Luis Paulino Méndez, rector del ITCR, dijo que la medida es con el fin de dar más y mejores becas a los estudiantes, desahogar las finanzas del Tecnológico y buscar recursos propios.

En promedio, la estimación del costo de formación por estudiante en el Tec es de alrededor de ¢2,6 millones anuales, con mínimo y máximo por carrera entre ¢1,82 y ¢5,44 millones.

Actualmente, con lo que los alumnos pagan por créditos, se recoge el 6% de lo que se invierte por cada uno de ellos; la idea de las autoridades del Tec es recoger el 25% de esa inversión si el matriculado paga de acuerdo a sus ingresos.

“Esta sería una medida de solidaridad de los que tienen capacidad de pago con los que menos tienen y que de alguna manera busca seguir el principio de equidad en el acceso a la educación superior, (...) lo que vamos a recibir de más se invertirá en becas”, explicó el funcionario.

El ITCR tiene cerca de 11.000 alumnos matriculados, un 62% de ellos recibe algún tipo de beca. Por año, esta universidad recibe cerca de 1.900 estudiantes de nuevo ingreso.

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, el total de ingresos del Tec para el 2018 es cercano a los ¢48.000 millones. Las transferencias del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) representan el 92% de los ingresos de la Institución; un 84% de ese monto se destina al pago de remuneraciones.

La contralora, Marta Acosta, advirtió que el ITCR es una de las tres universidades estatales que se quedarán sin fondos suficientes para cubrir sus gastos antes del 2025, dado que sus gastos crecen más rápido que sus ingresos.

El FEES no cubre el 100% de los gastos, sino aproximadamente el 75%. Las universidades deben llenar el faltante con créditos e ingresos propios como matrícula, venta de bienes y servicios, renta de activos financieros y transferencias de fundaciones.

¿Qué posibilidad hay de que los estudiantes paguen más?

La propuesta del Tecnológico se fundamenta, entre otros datos, en los resultados de un capítulo especial que se incluyó en el sétimo informe del Estado de la Educación, que se dio a conocer este miércoles, en el que se analizó la viabilidad de que los alumnos del ITCR puedan pagar de forma diferenciada, de acuerdo a sus posibilidades, los créditos. Se exploró, además, la anuencia de los alumnos de realizar el pago.

La investigación estuvo a cargo de los investigadores Marcela Román y José Eduardo Angulo.

Empleando estadísticas institucionales y una encuesta específica, aplicada en noviembre de 2018 a 540 estudiantes activos (primeros ingresos en 2017 y 2018), se llevaron a cabo varios ejercicios para segmentar la población del Tec según la condición socioeconómica.

De la encuesta se derivó un indicador de percepción subjetiva de la capacidad de pago del hogar, así como características socioeconómicas de los hogares de procedencia. Se estratificó a la población estudiantil en cinco rangos de acuerdo con una variable subjetiva de percepción de su capacidad de pago.

De los 540 alumnos, un 11,9% dijo que su familia tenía importantes dificultades para atender sus gastos básicos y no tenía capacidad de realizar ninguna contribución incremental.

Hay un segundo grupo, el 35,6%, que afirmó que apenas le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.

El tercer grupo, un 20,6%, dijo que a su familia les alcanza para cubrir gastos básicos. El cuarto grupo, un 13,7%, manifestó que su familia puede cubrir gastos básicos y realizar gastos extras.

El quinto y último grupo, un 16,1%, dijo que logran cubrir todos sus gastos y además ahorrar.

Según el Estado de la Educación, se considera posible la implementación de un cambio en el modelo tarifario en el ITCR, pues el 83% de los estudiantes entrevistados se declaró dispuesto a participar, siempre y cuando esté claro el destino de los recursos y el monto extra cobrado sea razonable.

“La exploración de disponibilidad y capacidad de pago de los estudiantes mostró que la población estudiantil sí puede diferenciarse por su capacidad de aportar a la financiación de la universidad, que existen al menos dos segmentos de la población –que representan el 30% de la matrícula– y que sí tendrían potencial de soportar una tarifa superior. El número posiblemente crezca si se puede contar con información más detallada del grupo 3, que reúne otro 20% de estudiantes”, se lee en el informe.

Los investigadores recomendaron a las autoridades del ITCR una meta de recaudación “relativamente conservadora de mediano plazo”, como es recuperar el 12,5% del costo de formación del alumno.

“Operativamente, para los grupos con capacidad de pago, se recomienda romper el tope máximo del 25% del costo de formación y elevar el aporte sin sobrepasar el 50%”, añadieron.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó, como parte de las reformas para fortalecer la educación superior en el país, un aumento “regulado pero sustancial” en las tarifas que pagan los alumnos.

En el informe “Revisión de políticas nacionales de educación en Costa Rica”, presentado en agosto del 2017, se hizo la recomendación que parte de que el 54% de los alumnos que están matriculados en las universidades públicas del país proviene de contextos acomodados, lo que sugiere que tienen capacidad de pago, y que solo un 7,5% forma parte del quintil 1 (el de más bajos ingresos).