Daniela Cerdas E.. 23 octubre
El presidente Carlos Alvarado participó como testigo de honor en la firma de la convención colectiva el viernes anterior. Cortesía ANDE.
El presidente Carlos Alvarado participó como testigo de honor en la firma de la convención colectiva el viernes anterior. Cortesía ANDE.

La Fiscalía General de la República confirmó que, tras analizar una denuncia relacionada con la firma de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP), determinó abrir una investigación.

En la causa figuran como imputados el mandatario Carlos Alvarado Quesada; la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero y el viceministro de Educación, Steven González Cortés.

A ellos se les atribuye el delito de incumplimiento de deberes, según informó el Ministerio Público a La Nación.

La firma de la convención colectiva fue anunciada el viernes 16 de octubre por el Ministerio y los sindicatos de Educación.

La misma contó con la presencia de González quien fungió como ministro a.i. ―debido a que la jerarca Guisselle Cruz no podía presentarse pues ella cuenta con plaza en el MEP y legalmente está inhibida―, y Dinarte. El presidente de la República, Carlos Alvarado, actuó como testigo de honor.

El proceso de negociación, que comenzó hace más de ocho meses, se desarrolló en completo hermetismo, ya que ni el MEP ni los sindicatos informaron del mismo.

Incluso, La Nación consultó en junio sobre la negociación, pero la oficina de prensa del MEP informó de que no había tal proceso, que el mismo no había iniciado.

Proceso especial

Por tratarse de miembros de supremos poderes, se aplica el proceso establecido en los artículos 394 y 395 del Código Procesal Penal.

Según el primero, cuando se formule denuncia por un presunto delito, atribuido a alguno de estos funcionarios, la fiscala general, Emilia Navas o quien lo sustituya, realizará una investigación inicial tendiente a recabar los datos indispensables.

La Sala Tercera designará a uno de sus miembros para conocer de las solicitudes del Ministerio Público que requieran orden jurisdiccional, cuando estas no puedan esperar el levantamiento del fuero.

La ejecución de los actos autorizados por la Sala Tercera podrá ser delegada en los jueces penales respectivos.

Cuando sea necesario ejecutar diligencias de investigación y resulte imprescindible para su efectividad que estas se realicen de forma simultánea, su ejecución podrá ser delegada en un fiscal adjunto.

En todos los casos, el fiscal general o adjunto podrá hacerse acompañar por uno o varios fiscales.

De acuerdo con el 395, la acusación o la querella serán presentadas ante la Sala Tercera por el Ministerio Público o el querellante.

La Sala Tercera determinará si hay mérito para darles curso. De no ser así, dictará que no hay lugar para la formación de causa. Contra esta resolución cabrá recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

La negativa a la formación de causa no impide la modificación de lo resuelto, si con posterioridad varían las circunstancias que la motivaron.

Si se declara que hay lugar a la formación de causa, las actuaciones serán remitidas mediante auto fundado a la presidencia de la Corte, la cual a su vez las trasladará a la Asamblea Legislativa.

Cuando el imputado no tenga derecho a antejuicio, la Sala Tercera se declarará incompetente y remitirá los autos a la autoridad correspondiente.

Contenido de la convención

La firma de convención colectiva en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, ha generado una serie de críticas entre diputados y sectores empresariales ya que la misma otorga plazas a 4.000 cocineras, en momentos en que ni siquiera se ha aprobado el presupuesto para 2021.

Además, una cláusula del acuerdo laboral impide al MEP el cobro de las sumas giradas de más, luego de la entrada en vigor de la reforma fiscal en 2018. Fueron 72.000 funcionarios que, según el MEP, potencialmente habrían recibido dinero de más porque no se hicieron a tiempo cambios en el sistema de pagos Integra 2.

Asimismo, la convención concede a los funcionarios días de Semana Santa sin descontárselos de vacaciones, además de una licencia de tres días por la muerte de un abuelo.

Según el acuerdo, el MEP incluirá el plus de incentivo didáctico, que se creó con el fin de que los docentes compraran materiales para impartir las lecciones, como un componente salarial. Antes correspondía al 8,33% del salario total (base más pluses), ahora se incorporará al salario base, será un 12,6% de ese sueldo.

Los incentivos como zona de menor desarrollo (IDS) y zonaje, que se pagaban por laborar en lugares de peligro o vulnerables, se convertirán en solo uno. Será un monto nominal incorporado al salario base.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó que se enteró de la firma de esta convención colectiva por las redes sociales, porque nunca fue informado.