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La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) se negó a abrir investigaciones en contra de los educadores en huelga, por incumplimiento de deberes.
La solicitud la había planteado el ministro de Educación, Edgar Mora, quien pidió que se analizara esta posibilidad, a través del Tribunal de Honor del Colypro.
Sin embargo, el Colegio descartó estas acciones y también se negó a quitar el apoyo económico y jurídico al movimiento de huelga contra la reforma fiscal, que este viernes cumple 82 días.
Todo esto, pese a que el movimiento recibió una segunda declaratoria de ilegalidad en primera instancia, por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.
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“La Junta Directiva denegó las solicitudes del señor Mora pues considera que la actuación de Colypro responde a un interés gremial, en la defensa de los intereses de sus colegiados”, indicó este viernes el Colypro en su página de Facebook.
El Colypro aprobó el uso de ¢10 millones, días antes de que comenzara la protesta, el pasado 10 de setiembre; para pagar personas que motivaran a los docentes a apoyar la huelga contra la reforma fiscal, botellas de agua con el logo del Colypro y comunicados de prensa.
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El ministro hizo esas solicitudes, desde el 25 de octubre anterior, en una carta dirigida a la presidenta del Colegio, Lilliam González, pero hasta hoy el Colegio dio a conocer su respuesta.
Mora le indicó a González que veía con preocupación que el Colegio destinara recursos para apoyar la huelga, cuando debe garantizar la ética profesional.
“Como ministro de Educación, veo con preocupación que Colypro, como corporación de derecho público, con funciones públicas asignadas por ley para garantizar la ética profesional y la calidad de la educación, destine recursos económicos y jurídicos en apoyar un movimiento de huelga ya declarado ilegal en primera instancia, afectando los servicios educativos y directamente a los estudiantes”, dijo el jerarca en la carta enviada a la presidenta.
Sobre la apertura de investigaciones por el incumplimiento de deberes, Mora fundamentó su petición en el hecho de que el impacto de la huelga ha causado consecuencias sobre la formación de casi un millón de estudiantes; además de que más de 79.000 alumnos por día se quedan sin alimentación porque los comedores escolares están cerrados.
También, explicó que, por lo prolongado del movimiento, muchos niños y jóvenes desertaron del sistema educativo ya que debieron ocuparse de labores productivas como la recolección de café o el comercio informal.
Otros también desertaron por la falta de notas que los los docentes y directores nunca entregaron.
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“Sin embargo, como es público y notorio, los representantes de los gremios califican los perjuicios ocasionados a sus estudiantes, como daños colaterales al movimiento de huelga y por tanto, legítimos. Dicha actitud de la dirigencia magisterial en huelga, avalada por miles de profesionales docentes, es inaceptable y debe ser objeto de pronunciamiento del Colypro como entidad corporativa responsable de la conducta profesional de sus agremiados.
"Al mantener la huelga y sus consecuencias después de que esta fue declarada ilegal en primera instancia, han violentado deberes profesionales establecidos en la Ley N°4770 del Colypro y el Código Deontológico que regula el ejercicio profesional del docente y que controla y aplica el Colypro”, fue uno de los argumentos de Mora.
Pese a esto, el Colypro negó la solicitud del ministro.
Este jueves, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) acordaron que se mantendrán en huelga contra la reforma fiscal, a pesar de que el juez volvió a declarar ilegal el movimiento en el MEP al considerar que este “no fue pacífico", afectó “servicios esenciales” y “violó los principios de razonabilidad”.
Los afiliados de esos gremios seguirán en huelga aunque la Sala Constitucional avaló el trámite de la reforma fiscal, el pasado viernes, y, el mismo, continuará su trámite en segundo debate en la Asamblea Legislativa.
El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) fue el único que aceptó deponer la huelga, según convino con el ministro, a fin de regresar a las aulas para colaborar en la preparación del curso lectivo 2019.
Además, el acuerdo garantiza que no habrá represalias para los funcionarios por el solo hecho de irse a huelga, pero se mantenían los procedimientos disciplinarios contra los que se fueron de viaje y los directores que no se presentaron el lunes 26 de noviembre para entregar notas.
Asimismo, se estableció que el rebajo de salarios quedaría sujeto a las decisiones judiciales.
Producto de la huelga, hubo atrasos en la entrega de notas y los estudiantes de último año de colegio no tuvieron preparación para las pruebas de bachillerato, lo que impactó en los resultados negativamente. También se complicó la tramitación de becas para 22.000 estudiantes pobres.
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Actualmente, el MEP, investiga a directores que no se presentaron a entregar las notas de trimestres pendientes y a 556 docentes que, aparentemente, aprovecharon la huelga para salir del país.
