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La Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica ante la ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contra solicitudes de aumento en tarifas de autobús en rutas de Hatillo, Alajuelita y Upala al considerar que las propuestas carecen de sustento técnico y podrían afectar el acceso de la población a servicios básicos.
La objeción se dirige a tres procesos de fijación tarifaria ordinaria correspondientes a las rutas San José–Hatillo (ruta 90), San José–Alajuelita (ruta 94) y Upala–Santa Cecilia (ruta 514).
Tras un análisis económico y estadístico, la Defensoría concluyó que las solicitudes presentan “deficiencias estructurales” en los datos aportados por las empresas operadoras, lo que pone en riesgo el principio de servicio al costo.
Entre los principales cuestionamientos, la institución advierte que los aumentos planteados son desproporcionados.
En el caso de la ruta 514, en Upala, se proponen incrementos que superan el 300% en algunos tramos, mientras que en la ruta 90 se plantean alzas de hasta un 29%, equivalentes a ¢90 y ¢65 por viaje.
Además, señala inconsistencias en los registros operativos utilizados para justificar los ajustes. Por ejemplo, en la ruta 94 se identificaron días en los que se reportaron viajes sin pasajeros, así como caídas atípicas en la frecuencia de servicio.
La Defensoría también cuestiona que exista una posible subestimación de la demanda real, lo que podría inflar artificialmente el costo por pasajero y trasladar ese impacto a los usuarios.
En ese sentido, advirtió que las personas usuarias no deben asumir los costos derivados de errores o debilidades administrativas de las empresas operadoras.
La institución indicó que aprobar los ajustes sin corregir estas inconsistencias afectaría los derechos económicos y sociales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Rutas abandonadas
El cuestionamiento de la Defensoría se da en un contexto de deterioro del servicio de transporte público en el país, marcado por el abandono de rutas y dificultades operativas en el sector.
La última empresa en abandonar una ruta fue la autobusera puntarenense Transportes 4x3 que brindaban servicio en las rutas 626 y 627 entre Miramar y Puntarenas. Esto tras no concretarse alternativas que permitieran mantener el servicio.
La decisión se suma a las 106 rutas que han sido abandonadas o canceladas en el país, según datos del Consejo de Transporte Público (CTP), lo que ha limitado el acceso al transporte público para miles de personas.
En términos generales, empresarios autobuseros han atribuido el abandono de rutas a la falta de rentabilidad del negocio, especialmente tras la pandemia de la COVID-19.
Entre los factores señalados figuran la disminución en la demanda, esquemas operativos desactualizados, rezago en las tarifas y competencia con plataformas informales.
Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha identificado que la falta de un modelo operativo adaptado a las necesidades actuales y la ausencia de revisiones tarifarias en los últimos 15 años son causas estructurales del problema.
El análisis del ente regulador también evidencia que el 95% de las rutas abandonadas se ubican en zonas rurales, con una alta concentración en las regiones Chorotega y Huetar Norte.
Además, un 67% de las rutas carece de operador asignado, lo que impide la fijación de tarifas.
