EscucharEl Consejo de Transporte Público (CTP) carece de controles y acciones estructuradas para detectar posibles incompatibilidades, conflictos de interés, recargos o concentración de funciones.
Además, las actividades de control que ejecuta en procesos críticos, como el otorgamiento de concesiones o permisos, no están acompañadas de medidas específicas para prevenir posibles actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés.
Así lo determinó un informe de la Contraloría General de la República en el que se concluye que ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no cumple, “en aspectos significativos”, con los criterios aplicables al diseño e implementación de acciones en su Sistema de Control Interno para prevenir la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público.
De acuerdo con el ente contralor, esas acciones presentan condiciones institucionales que limitan su efectividad por su limitado alcance.
Por ejemplo se menciona que la capacitación sobre temas de ética e integridad se han desarrollado de forma ocasional sin una planificación, ni evidencia de ejecución periódica, lo cual dificulta su sostenibilidad y alcance a todo el personal.
Tampoco se encontraron acciones claras de comunicación para divulgar el código de ética de ese consejo o las políticas de prevención sobre conductas irregulares a terceros.
“La institución no cuenta con un manual de cargos que defina y documente las funciones institucionales ni con un proceso que permita revisar o analizar de forma periódica la distribución de tareas”, indica el documento en relación a los riesgos de hechos como los citados conflictos de interés.
Se añade, que no hay un procedimiento específico ni registros que demuestren la identificación, evaluación o priorización de los riesgos relacionados con corrupción y fraude.
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Respecto a la gestión de denuncias, el documento señala que el CTP no cuenta con un canal específico ni procedimientos formales para la recepción y tratamiento de denuncias sobre presuntas irregularidades, ni para garantizar la confidencialidad del denunciante o la trazabilidad de la información recopilada durante las investigaciones preliminares.
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Además, no hay lineamientos sobre clasificación de la información, criterios de acceso a los expedientes vinculados a denuncias ni mecanismos que garanticen la protección contra represalias a personas denunciantes.
“Se constató que la información publicada en el sitio web institucional no está actualizada o completa, lo cual afecta el cumplimiento de los principios de acceso a la información pública y transparencia”, agrega el informe.
Entre las disposiciones giradas a los jerarcas del CTP, se señala la necesidad de adoptar medidas para fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción.
“Esto incluye incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP”, cita el informe.
Además ese ente deberá consolidar una cultura organizacional que incluya la capacitación continua y la apropiación de un código de ética por parte de los funcionarios.
Asimismo se le ordenó establecer un procedimiento, y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección al denunciante e implementar un manual de cargo.
El CTP es el encargado de otorgar las concesiones mediante las cuales operan los autobuses regulares, los servicios de taxis, los servicios de transporte especiales y estudiantiles.
