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Representantes legales de Coopesalud afirmaron, este martes, que el Caso Barrenador se basa en una manipulación de datos contables de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Fiscalía investiga un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones en la adjudicación de un contrato a cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis. Coopesalud es una de las adjudicadas.
Sergio Castillo, abogado de la cooperativa, afirmó que no se tomó en cuenta un documento clave, que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) consideró falso.
El jurista se refiere a un supuesto estudio de razonabilidad de precios que fue presentado por la defensa de una de las imputadas del caso, para argumentar que no hubo sobreprecio y que la contratación más bien generaba ahorros.
Sostuvo que ese documento, supuestamente elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, tenía una diferencia con respecto al que finalmente se subió al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“La diferencia es que en la columna 3 de las partidas no venían los ceros que aparecían en el documento inicial, sino que aparecían unos números con un signo de menos (-) adelante. Una vez que se contabilizaban los números, existían dos conceptos, que más bien eran los ahorros que representan la contratación de los servicios a terceros”, expresó Castillo.
Señaló que se suprimió ese ahorro del documento y solo se dejaron los valores donde la CCSS resultaba más eficiente que las cooperativas que aspiraban al contrato.
De acuerdo con el abogado, en algunos rubros el ahorro representaba unos ¢118.000 millones. Solo en una partida, dijo, la economía era de hasta ¢36 millones mensuales comparados con servicios administrados por la CCSS.
“(La investigación) se llevó a cabo sin la mínima corroboración de los datos presentados. Aquí hay varias mentiras”, enfatizó el abogado de Coopesalud.
Al respecto, la Fiscalía señaló la noche de este martes que no existe ningún informe pericial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que concluya que existió manipulación de tablas contables por parte del Área de Contabilidad de Costoso de la CCSS, en perjuicio de las cooperativas.
“La información presentada por Coopesalud refiere a un borrador, y, según la Ley de Contratación Pública, toda la documentación que se incorpore al Sicop dentro de un proceso de licitación pública debe componerse de informes finales.
“Por lo que un borrador que deje por fuera variables exigidas en el pliego de condiciones (como mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, entre otras) no cumple con lo establecido por dicha Ley”, agregó.
Por su parte, Coopesalud aduce que el documento determinado como falso no solo estaba impreso. Afirma que su versión digital apareció en las computadoras decomisadas por el OIJ.
El abogado confirmó que tiene querellados a quienes firmaron ese estudio de razonabilidad de precios.
Para Castillo, lo que procede es que la Fiscalía redirija la investigación para determinar quién alteró los datos, pero asegura que han encontrado resistencia a investigar.
