La Fiscalía calificó como falso un supuesto borrador de un estudio de razonabilidad de precios, usado como prueba por la defensa de una imputada en el Caso Barrenador para argumentar que no hubo sobreprecio de ¢12.400 millones en contratos de Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por este hecho son investigadas ocho personas: Marta Esquivel Rodríguez, ex presidenta ejecutiva de la CCSS y recién nombrada ministra de Planificación; María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno; y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
Según la defensa, el documento, divulgado inicialmente por Multimedios, fue elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS y confirmaría que en lugar de sobreprecio, hubo un ahorro en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Asimismo, el abogado defensor de Camareno, Alejandro Marín Pacheco, aseguró que el borrador fue enviado a los miembros de la junta directiva de la CCSS desde el 19 de marzo del 2024, cerca de dos meses antes de que se adjudicara la licitación a las cooperativas, según dio a conocer el medio digital CRHoy.
LEA MÁS: Tres pecados capitales de la CCSS en Caso Barrenador, según Álvaro Ramos
No obstante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) secuestró el borrador para analizarlo y días después dio a conocer que “los funcionarios del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no emitieron ningún estudio de razonabilidad de precios, previo al que consta en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), ni a nivel de borrador, ni tampoco en forma de papeles de trabajo, por lo que no existe un estudio preliminar. Lo anterior, descarta la veracidad del documento aportado”.
Indicó que el 19 de marzo no se emitió dicho documento y que ninguno de los funcionarios que aparecen emitieron firma alguna de ese oficio, con base en consultas al Sistema de Archivo y Correspondencia de la CCSS.
Asimismo, el documento secuestrado no correspondería al estudio de la licitación, sino solo al rubro mano de obra, lo que explicaría que la cantidad de páginas no corresponda al estudio oficial subido a Sicop.
“El documento oficial presentado en sistema incluye, además, el análisis de insumos, gastos indirectos, alquileres y utilidad (correspondientes a las variables establecidas en el pliego de condiciones). Esto permite establecer que dicho documento no pudo ser confeccionado por el equipo que realizó el estudio, ya que el pliego de condiciones se refiere a todas las variables y no únicamente a mano de obra; esto permite también descartar la veracidad del documento”, detalló el Ministerio Público a través de su oficina de prensa.
De igual forma, el informe carece de firma digital, y en su lugar tiene insertada una imagen que no corresponde a una firma de esa naturaleza.
Todo lo anterior llevó a concluir a la Fiscalía que el único estudio de razonabilidad de precios emitido y firmado por el Área de Contabilidad de Costos es el que consta en el Sicop, lo que descarta que haya existido un documento previo elaborado o firmado por los funcionarios a cargo.
“Este documento que difiere del oficial, al contener información falsa, es un documento falso”, señaló la Fiscalía.
Acciones de Fiscalía son ‘lamentables’, según defensa
Por su parte, Alejandro Pacheco, el abogado de María Isabel Camareno, declaró a La Nación que el Ministerio Público ventiló los detalles de esa prueba antes de notificar su criterio a las partes.
“Eso es verdaderamente lamentable porque el Ministerio Público alega en algún momento que somos los defensores que acudimos a la prensa, y eso es falso, los defensores posterior a las audiencias damos declaraciones, pero el Ministerio Público lo hace previamente”, afirmó.
El abogado señaló que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Juzgado Penal para examinar a detalle qué tipo de pericia realizó el Ministerio Público, y así ejecutar su derecho de defensa.
Agregó que contrario a lo afirmado por la Fiscalía, el documento sí lleva firmas digitales, y aunque se tratara de un informe parcial que no incluye todas las variables de la licitación, sigue siendo relevante por exponer que los salarios de los funcionarios de las cooperativas son menores a los de la Caja, y por lo tanto la contratación representaría un ahorro.
En un comunicado enviado por Coopesalud a las 7:39 p. m. la cooperativa, una de las adjudicadas para la administración de ebáis, lamentó “el pobre análisis realizado por la FAPTA sobre un documento impreso, sin que se buscara el documento digital del cual emana dicha impresión”.
“La Fiscalía de Probidad califica como falso un documento impreso, sin revisar su versión digital, del cual tenemos copia y que facilitaremos a los medios, donde se evidencia que éste fue elaborado desde una computadora cuya licencia pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y asignada un funcionario del Área de Contabilidad de Costos, identificado como Esteban Solís Morera”.
La cooperativa sostiene que, al revisar los metadatos incluidos en el documento electrónico, se podría verificar que ese informe fue elaborado en una computadora de la CCSS, acreditada a Solís Morera. De igual manera, sostiene que si bien el documento no tiene firma digital, el respaldo digital si contiene los metadatos que confirman a quién pertenece la computadora desde donde se creó el informe.
“Desde Coopesalud y Coopesain desmentimos la afirmación de la Fiscalía en cuanto a que el borrador del estudio de razonabilidad de precios aportado por la defensa técnica sea falso. No existe dentro del expediente ningún estudio pericial que determine esa afirmación. Confiamos en que la administración de justicia sea llevada de manera adecuada por el Ministerio Público y esperamos con éxito la averiguación de la verdad”, agregó el abogado Sergio Castillo, en un video enviado a La Nación a las 8:01 p. m.
Al cierre de edición, el documento digital completo no había sido enviado por los interesados.
Desde el 4 de diciembre, La Nación le consultó a la Caja si existe el borrador que citan las cooperativas, quién lo envió a la Junta Directiva y una copia de este, pero no se ha obtenido respuesta.