La Contraloría General de la República confirmó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que es posible trasladar un proceso de contratación iniciado bajo un organismo multilateral hacia la normativa nacional de contratación pública.
Ese criterio permite al MOPT continuar con el proceso de contratación del tramo central de la carretera a San Carlos. La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) ya había sido seleccionada tras presentar la única oferta válida, pero el contrato aún no podía adjudicarse en firme porque faltaba la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La aprobación del BID era requerida, debido a que ese ente multilateral era el encargado de financiar esa obra.
No obstante, desde el mes pasado, el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, ya había adelantado la posibilidad de ejecutar esa sección de la carretera con recursos propios, si no se lograba la aprobación del Banco.
De acuerdo con el criterio de la Contraloría, emitido el pasado 12 de junio y dirigido al jerarca bajo el oficio DCP-0131, el MOPT pidió conocer si existe la “posibilidad de aplicar la normativa nacional para dar continuidad a un proceso licitatorio iniciado y tramitado con sustento en las políticas o normas de adquisiciones de una entidad financiera internacional, al modificar la fuente de financiamiento”.
En el planteamiento, el MOPT exponía que en ocasiones las normativas de los entes multilaterales que financian algunos proyectos “suelen ser más rígidas en cuanto a la subsanación de ofertas y el cumplimiento de formalidades en comparación con el régimen nacional.
“Mientras que la legislación costarricense permite el principio de conservación de las ofertas, las reglas de los bancos pueden declarar inadmisibles propuestas por errores formales que no permiten ponderar su trascendencia. Esto puede provocar que un procedimiento licitatorio fracase o que una oferta ventajosa sea rechazada, dificultando la satisfacción inmediata del interés público”, añade la consulta.
En ese documento, se amplía que el objetivo era conocer si es posible formalizar contratos bajo la ley nacional, cuando existen “discrepancias técnicas insalvables bajo las normas del banco, permitiendo así rescatar procesos licitatorios que garanticen la ejecución de las obras necesarias para el país”.
En detalle, el MOPT pidió a la CGR aclarar tres escenarios:
- Si es posible o no dictar un acto de adjudicación, y en consecuencia otorgar y formalizar un contrato bajo ley nacional, cuando el proceso licitatorio se ha llevado a cabo en todas sus fases previas bajo los términos y condiciones de la banca multilateral, en casos en que el Gobierno de la República pueda optar por el financiamiento del contrato con fondos públicos
- ¿Cuáles son los aspectos de procedimiento y de legalidad que deben ser considerados por el ente al dictar el acto de adjudicación respectivo?
- Si el contrato derivado de un acto de adjudicación dictado en las circunstancias antes descritas, debe ser sometido a refrendo por parte de la Contraloría General.
La Contraloría determinó que la Administración está facultada para priorizar la ejecución de la obra pública mediante la transición al régimen nacional, en busca de los principios de eficiencia, eficacia y conservación de los actos administrativos.
De esta forma, se aclaró que "sí es jurídicamente posible y legítimo" dictar un acto de adjudicación bajo la Ley General de Contratación Pública habiendo iniciado el proceso bajo políticas de banca multilateral, sustentando su criterio en la satisfacción del interés público.
La Contraloría advirtió que al ser una solución de carácter “excepcionalísima”, la Administración debe asumir la responsabilidad y además garantizar una “rigurosidad técnica suficiente”.
Además, determinó que el MOPT debe cumplir una serie de condiciones:
- Demostrar que el procedimiento seguido bajo normas multilaterales respetó los pilares de publicidad, igualdad y libre concurrencia propios de la licitación mayor nacional.
- Acreditar que no existe afectación a terceros.
- Valorar el impacto de la transición entre regímenes en las estructuras de gestión y control asociados a la ejecución de los proyectos
- Acreditar que se cuenta con el contenido presupuestario, disponible, suficiente y reservado para cubrir el objeto contractual.
- Contar con la aprobación del organismo multilateral respecto a la gestión de la operación de crédito.
- Sustentar mediante un informe técnico-económico que demuestre que esta vía es más beneficiosa para el erario que reiniciar el concurso.
- Realizar la adjudicación de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional.
- El contrato resultante deberá ser remitido a esta Contraloría General.
‘Tomamos la decisión de no seguir esperando’
Tras conocer la resolución, el ministro del MOPT, indicó a este diario que el proceso con el BID se había retrasado mucho y existían diferencias de criterio, de ahí que tomaron la decisión de “no seguir esperando”.
“No queríamos seguir perdiendo el tiempo, por lo tanto, se tomó la decisión de continuar el proceso sin depender de los fondos del BID con recursos propios, para eso ocupamos migrar de las políticas de adquisiciones del BID a la Ley de Contratación Nacional”, indicó Zeledón.
De acuerdo con el jerarca debido a eso se hizo la consulta a la Contraloría hace dos meses, por lo que con la respuesta se “abre la puerta” para proseguir con la adjudicación y posterior refrendo de contrato.
El jerarca añadió que aunque aún quedan algunos trámites pendientes, la estimación es que la firma del contrato y orden de inicio a las obras se materialicen en este segundo semestre del año.
Proyecto varado
La finalización del tramo central entre Sifón de San Ramón y La Abundancia en Ciudad Quesada, se encuentra en suspenso desde julio del año pasado, luego de que se conociera que solo la empresa CHEC presentó una oferta para ejecutar la obra. Tras avalar la propuesta técnica, el MOPT debía solicitar la “no objeción” del BID.
Un año después y tras la ausencia de respuesta de parte del BID, las autoridades justificaban la falta de aval debido a que ese ente realizaba una “revisión más exhaustiva” por tratarse de un único oferente.
El mes anterior, el ministro aseguró que contaban con un plan B en caso de no recibir dicho aval y adelantó que para esto contaban con el compromiso del Ministerio de Hacienda de otorgar los fondos que se requieran para terminar la vía.
La estimación es que se requieren alrededor de ¢150.000 millones, para completar los 29 km, que quedaron abandonados desde el 2018.
En el caso de la Punta Sur, cuya orden de inicio se giró en mayo anterior, la obra fue adjudicada a la empresa MECO y esta sí es financiada por el BID.