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Para la atención de la pandemia ocasionada por la covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó, hasta el 15 de diciembre del año anterior, compras de emergencia por ¢42.389 millones.
Ese dinero se destinó, principalmente, a la adquisición de equipo médico para atender a los pacientes con coronavirus, como ventiladores pulmonares y monitores de signos vitales.
Además, se usó en la compra de material de protección para el personal de salud —mascarillas, batas, guantes y otros— y en insumos para realizar pruebas PCR de detección del virus.
Así lo identificó La Nación luego de analizar el registro de compras que la CCSS subió a su sitio web, donde constan las 1.499 contrataciones realizadas entre el 2 de febrero y el 15 de diciembre pasado.
En total, a lo largo de esos 317 días, la institución contrató a 509 proveedores, por bienes o servicios que incluyeron desde los ¢75 por el pago de un peaje, hasta los ¢2.207 millones por la adquisición de 2,5 millones de batas impermeables.
También detectó que de ese numeroso conjunto de contratistas, un pequeño grupo de 15 absorbió, en conjunto, el 62% del total de las compras de emergencia realizadas. Cada una de esas firmas obtuvo contratos que superaron los ¢1.000 millones.
Para llegar a esas cifras y unificar los datos de las compras, este medio convirtió en colones todos los montos que aparecían en dólares y en euros en el registro de la CCSS. El cálculo se hizo con base en el tipo de cambio en ventanilla del Banco Central del día exacto en que se dio cada adjudicación.
Mecanismo expedito
Para realizar la mayoría de esas contrataciones, la Caja utilizó un mecanismo de compra excepcional, al que se recurre cuando la adquisición es urgente sea por pandemia —como ocurrió en esta ocasión—, guerra, huelga o desastre natural.
La principal ventaja de ese procedimiento es que permite hacer compras en plazos muy cortos, pero a la vez, tiene la desventaja de que no tiene fase de apelaciones.
En otras palabras, una vez que se eligió un proveedor, los otros oferentes no pueden objetar el resultado, lo cual limita la capacidad de frenar posibles irregularidades o actos de corrupción.
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Actualmente, en tres frentes distintos —la Auditoría Interna de la CCSS, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa— se investigan varias de esas compras, luego de que La Nación denunciara presuntas anomalías en la adquisición de varios millones de mascarillas desechables y KN95, y en la contratación de un vuelo chárter desde China.
Incluso, a raíz de esas revelación, la Caja desintegró la comisión ad hoc que se había nombrado en el seno de la Gerencia de Logística, para agilizar la evaluación de las ofertas. Al tiempo que suspendió o cambió de labores a varios de sus funcionarios, mientras concluyen las pesquisas.
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Equipo médico, principal gasto
Una tercera parte del dinero destinado para compras (el 34%) durante la emergencia sanitaria, ¢14.217 millones, la Caja lo dirigió a la adquisición de equipo médico necesario para atender a los pacientes con covid-19. Principalmente, esa suma se empleó para comprar ventiladores pulmonares y equipos de oxigenación.
Para ese fin se invirtieron poco más de ¢8.000 millones, el dinero restante, unos ¢6.100 millones se utilizó para obtener equipo de rayos x y de ultrasonido, videolaringoscopios y aspiradores para secreciones, entre otros.
Un 19% de las compras fueron mascarillas desechables y KN95, así como en caretas. En ese rubro los contratos ascendieron a casi ¢8.000 millones.
En otros equipos de protección, como batas, gafas y guantes, se destinaron ¢6.400 millones, el 15% de los recursos.
Un monto similar, ¢6.300 millones (un 15%), se dirigieron a la compra de insumos necesarios para efectuar las pruebas PCR de detección del coronavirus.
Casi ¢4.000 millones más (un 9%) fueron contratos para adecuar instalaciones hospitalarias.
Principalmente, esos recursos se invirtieron en la transformación del Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) en el Centro Especializado de Atención Pacientes con Covid-19 (Ceaco), y en la adaptación de las instalaciones del Hospital Nacional de Psiquiatría, donde también se atiende a personas con esta enfermedad.
El restante 8%, poco más de ¢3.700 millones, se empleó para contratar trabajos menores de construcción, mano de obra y mantenimiento de centros de salud. Por ejemplo, en ese rubro se incluyó el dinero destinado para la colocación de lavamanos y mamparas acrílicas.
Además, dentro de ese porcentaje aparece lo invertido en material médico vario, en un vuelo chárter para traer una donación desde China, en alcohol en gel y materiales de limpieza, en agua embotellada y en una estrategia de comunicación.
Los 15 en la cima
En cuanto a la repartición por proveedores, un pequeño grupo de 15 contratistas se adjudicó el 62% del total de las compras de emergencia durante la pandemia.
Esos proveedores se quedaron con casi ¢26.333 millones de los ¢42.389 millones que la institución gastó hasta mediados de diciembre pasado.
Ese grupo de proveedores, que se quedó con seis de cada diez colones contratados, solo representa el 3% del total de 509 contratistas de bienes y servicios.
Cada una de esas 15 firmas obtuvo contratos por más de ¢1.000 millones.
La empresa que más dinero se adjudicó es Biocientífica Internacional, la cual obtuvo 16 contratos por un total de ¢2.685 millones, para suministrar a la Caja miles de reactivos y otros insumos necesarios —como hisopos de dacrón y tubos plásticos desechables— para pruebas de coronavirus.
Esa empresa figura como proveedora de la CCSS y de otras instituciones públicas, al menos, desde 2007, de acuerdo con el portal de compras públicas de la Contraloría General de la República (CGR).
Ante la Dirección General de Tributación aparece inscrita, desde diciembre de 1996, como vendedora, al por mayor, de productos, sustancias o reactivos químicos y solventes en general. Desde enero de ese mismo año también aparece registrada como proveedora de la Caja.
Frente al Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social aparece al día con sus obligaciones.
En el segundo lugar de la lista figura la sociedad anónima Soporte Médico —contratista de la CCSS desde 2008—, con ¢2.320 millones; y en tercero Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente —proveedor desde 1996—, con ¢2.293 millones, por la venta, entre otras cosas, de ventiladores pulmonares y equipos de oxigenación.
De seguido aparecen las compañías Quality Store y Constructora Navarro y Avilés, con ¢2.207 millones y ¢2.058 millones, respectivamente. La primera le vendió a la Caja batas descartables y la segunda realizó trabajos constructivos para adecuar el Hospital Nacional Psiquiátrico.
Al igual que Biocientífica Internacional, esas otras otras cuatro empresas también son proveedoras de la CCSS desde hace más de una década y están al día con sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
Siete de los otros diez contratistas que integran ese grupo, también tienen relación comercial de larga data con la institución.
Los tres restantes no, por el contrario, esta era la primera vez que obtenían una adjudicación con la Caja. Se trata de la sociedad anónima L & B Republic; así como MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martínez, y el contador público David Landergren Castro. Los tres suministraron mascarillas desechables.
En torno a los dos últimos contratistas existen una serie de cuestionamientos e investigaciones por presuntas anomalías.
Las ofertas de Miren Martínez y David Landergren habían sido rechazadas por no cumplir con las especificaciones, presentar documentos en “idioma oriental” y no entregar muestras de los tapabocas a tiempo. Pero, posteriormente, una vez cerrado el concurso, con la aparente mediación del asesor de la Gerencia de Logística de la Caja, Hans Vindas Céspedes, ambas ofertas fueron reevaluadas.
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Dichos proveedores ganaron contratos e incumplieron los tiempos de entrega.
En el caso de la periodista, le encargaron 5 millones de mascarillas, pero no entregó ni una. Ante lo cual, la CCSS empezó el proceso de resolución contractual, que podría acabar en sanciones económicas o la inhabilitación para seguir siendo proveedora.
Por su parte, el contador violó los plazos de entrega y tardó varios meses en honrar el pedido de 7 millones de cubrebocas. Por esa situación, la Caja le impuso multas por $153.000 por no entregar a tiempo 3,1 millones de los cubrebocas contratados.
