Una finca privada propiedad del exministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta Villegas, en San José de la Montaña, tiene una calle de unos 200 metros que fue construida sin permisos de la Municipalidad de Barva ni del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Andrea Bonilla Miranda, exesposa de Villalta, declaró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que la constructora MECO le obsequió la pavimentación de una vía de unos 150 metros como pago por una supuesta asesoría, en un terreno que estaba en condición de potrero y que el exjerarca recibió como herencia de su madre.
El camino de acceso fue construido en el 2015 en la comunidad de El Bajito, en Barva de Heredia.
En aquella época, Villalta era el director de la Unidad Ejecutora PIV-I, equipo que administró un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó al Gobierno de Costa Rica, por $300 millones (¢186.000 millones), para desarrollar diversas obras viales de gran envergadura.
Parte de las obras fueron adjudicadas a las constructoras MECO y H. Solís, las cuales son investigadas en el expediente judicial conocido como el Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.
Con dinero de este préstamo del BID, la empresa MECO se encargó de construir el paso a desnivel de Paso Ancho en la carretera de Circunvalación, el cual fue terminado en agosto del 2016 por un monto de $9,4 millones. Además, fue una de las contratistas de los puentes de la ampliación de la vía Cañas-Liberia.
En febrero del 2016, Carlos Villalta dejó la dirección del PIV-I para asumir el cargo de ministro de Obras Públicas y Transportes, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, y luego renunció en junio del 2017.
Iluminación subterránea
Desde la vía pública, en la comunidad de El Bajito, se logra observar la calle asfaltada dentro de la propiedad del exministro, la cual está iluminada con faroles conectados por cableado eléctrico subterráneo, tal como lo relató su exesposa al OIJ en el expediente 19-000025-1218-PE, del Caso Cochinilla.
En la entrada, hay una caseta de vigilancia. Vecinos consultados dijeron que, años atrás, vieron el ingreso de maquinaria con logos de MECO y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a la propiedad.
En imágenes satelitales de Google Earth, se observa que no había ninguna calle asfaltada en marzo del 2014, sino condiciones de potrero.
Luego, en enero del 2015, se observa la apertura de una vía lastreada y, para agosto del 2015, la ruta ya está pavimentada.
Mide alrededor de 200 metros de largo y cuatro metros de ancho.
Sin rastro de permisos
Sin embargo, no existen documentos, registros ni permisos de la construcción en las oficinas a cargo de estos trámites.
La Municipalidad de Barva confirmó que en la propiedad de Villalta, que está registrada como parcela agrícola, el camino pavimentado corresponde a una servidumbre agrícola para la que nunca se solicitaron permisos de construcción.
“Según lo indicado por el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Barva, el asfaltado de la servidumbre agrícola no cuenta con el respectivo permiso de construcción, por lo que no contamos con los datos respecto a quiénes fueron los ejecutores de la obra, ni el ingeniero responsable de la misma, así como cuál fue el costo de dicha obra”, señaló el municipio ante una consulta de La Nación.
Por su parte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), institución a la que obligatoriamente debían solicitar permisos para la construcción de la calzada, tampoco cuenta con alguna solicitud o trámite relacionado con la misma.
El CFIA aseguró que “no hay registro del proyecto” y explicó que para la construcción de una calle pavimentada en una finca privada se requiere del registro de la responsabilidad profesional ante el CFIA, que debe ir visado por ese Colegio, y el permiso de construcción del ayuntamiento.
La Nación intentó hacerle consultas a Carlos Villalta sobre la construcción de la vía; sin embargo, indicó que no se iba a referir al respecto.
Este medio también consultó a Meco si ejecutó esa obra y si conserva facturas reportadas a Tributación, en caso de que le hubiesen contratado el servicio. La constructora respondió: “Hemos realizado una consulta o investigación interna y no tenemos registros de ningún trabajo relacionado con lo que se nos consulta”.
En agosto del 2015, Villalta sí tramitó un permiso ante el CFIA para la construcción de la caseta de vigilancia y para la construcción de un rancho en la finca. Luego, en noviembre del 2015, gestionó otra autorización para instalar el cableado subterráneo de la electricidad.
Luego, tanto el rancho como la caseta fueron remodelados, para lo cual Villalta solicitó nuevamente permisos al CFIA en mayo y junio del 2016, respectivamente.
Por su parte, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) detalló que una calle como la hecha en la finca de Villalta debía contar con permisos municipales.
“De acuerdo a la información recopilada es diferente una calle pública a una privada, los públicos están regulados por normativa diferente. Los requisitos más generales que se piden en el caso de un camino en una calle privada son permiso de construcción y uso de suelo. Se amparan en la Ley de Construcciones, pero cada municipalidad puede reglamentar de acuerdo a lo que consideren necesario”, dijo la UNGL.
Para corroborar los hechos narrados por la expareja de Villalta, durante la investigación del Caso Cochinilla, investigadores del OIJ visitaron la finca en San José de la Montaña. Una vez en la zona, los agentes comprobaron que la calzada sí existe.
“Se pudo confirmar que toda la calle de ingreso principal está pavimentada con carpeta asfáltica en muy buen estado, acción que normalmente requiere una inversión económica sumamente significativa”, precisa el expediente judicial.
Según un informe final del PIV I, Villalta brindó servicios profesionales como director de esa unidad ejecutora entre marzo del 2014 y febrero del 2016, plazo en el que devengó $252.851 (unos ¢157 millones al tiempo de cambio actual).
Relato ante el OIJ
La versión dada por la exesposa de Carlos Villalta a las autoridades judiciales señala que el exfuncionario aparentemente recibía dinero de Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de las constructoras MECO y H Solís, respectivamente.
La testigo afirmó que, los sábados, solía regresar con dinero en efectivo luego de reunirse con los dueños de estas empresas.
Según la mujer, la finca en Barva era un potrero, pero que el exministro la arregló con dinero en efectivo. Instaló un rancho, electricidad subterránea y un vivero de orquídeas.
“Con ese dinero adquirido de las asesorías de las adjudicaciones de MECO y H Solís, comenzó a invertirle bastante (a la finca). Esto lo sabe porque, en ocasiones, él la llamaba y le encomendaba darle cierta cantidad de dinero al peón de la finca, dinero que debía agarrar de las platas que él traía después de reunirse con Carlos Cerdas o Mélida Solís.
“Muchos de estos dineros provenían de supuestas asesorías que Carlos le hacía a MECO y a H Solís, estando aún en Conavi”, dice el expediente.
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