La ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal, finalmente tiene luz verde para reactivar las obras que quedaron en abandono desde noviembre del 2022.
La Contraloría General de la República (CGR) refrendó los contratos que se adjudicaron al consorcio Barranca ruta 1 y a MECO, a fin de que ejecuten las obras en dos frentes.
De esta forma, se autorizó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para dar orden de inicio a las obras en la primera sección de 25 km entre Barranca y San Gerardo de Chomes, que serán ejecutadas por el consorcio Barranca ruta 1, integrado por Bell Ingeniería y La Estrella. Los restantes 23 km, entre San Gerardo y Limonal, estarán a cargo de MECO.
La CGR informó que el primer contrato corresponde $121,6 millones más $6 millones por concepto de servicios especializados y obras especiales a costo, más porcentaje por administración; mientras que MECO recibirá $141,7 millones más $7 millones por los mismos rubros.
A partir de ahora, el Conavi deberá suscribir ambos contratos para girar la orden de inicio.
Orden de inicio en enero
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó la tarde de este martes que estiman que las obras reinicien en los primeros días de enero.
El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, destacó que en esta licitación no se presentaron apelaciones y se superaron todos los filtros.
Según indicó, esta misma semana se convocará a las empresas a la reunión de “preinicio”, en la cual deberán presentar la documentación actualizada.
“Según cronograma de trabajo, estaríamos girando la orden de inicio de obra, los primeros días del mes de enero”, indicó el ministro.
Para este proyecto ya se contaba con los diseños, por lo que la maquinaria de las empresas podría retomar obras en sitio de inmediato.
Proceso de refrendo
Según el detalle de la Contraloría, la solicitud de refrendo fue ingresada el pasado 30 de setiembre; no obstante, la información necesaria para el análisis no estaba completa, por lo cual requirieron dos solicitudes de información al Conavi.
Entre los aspectos que debía revisar la Contraloría para brindar la autorización destaca la verificación de los estudios legales, técnicos y de razonabilidad del precio, que refieren al cumplimiento de los requisitos por parte de las empresas contratistas.
Además, el Conavi debía acreditar que realizó una etapa de preinversión y planificación del proyecto y certificar que cuentan con los terrenos disponibles para iniciar con la unidad funcional 1.1 y 2.1 de cada partida adjudicada.
Precisamente, el MOPT dividió la obra en dos tramos que a la vez se subdividen en dos unidades funcionales para separar las obras del tronco principal de las marginales, debido a que aún hay terrenos pendientes de expropiar.
Detalle del proyecto
Los trabajos en este trayecto de 48 km contemplan la construcción de un carril adicional por sentido, así como la rehabilitación de la vía existente para completar la ampliación a cuatro carriles en todo el proyecto.
Adicionalmente, en el primer trayecto se deben construir siete puentes vehiculares, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección incluye cuatro puentes vehiculares, cuatro retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 21 pasos de fauna.
En esta nueva contratación, el MOPT deberá invertir más $275 millones, que se sumarían a los $34 millones que se ejecutaron durante el proceso anterior y los más de $8 millones en labores de conservación con las que se buscaba evitar el deterioro de las obras ejecutadas y realizar obras para la seguridad de los usuarios de la vía.
La ampliación de ese trayecto quedó en suspenso en noviembre del 2022, debido a que el consorcio a cargo alegaba problemas en diseños y expropiaciones que le impedían avanzar con las obras, mientras que la administración alegó abandono por parte del contratista.
En aquel momento, el Gobierno intentó ceder las obras a otras empresas, entre ellas la mexicana Tradeco, pero ese plan no prosperó y generó más atrasos y sobrecostos. Además, el trámite está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de peculado, en donde figuran como investigados el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La disputa con H Solís obligó a ambas partes a acudir a un arbitraje que determinó que el Estado debía pagar $13 millones por la suspensión del contrato.