Los trabajos de ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y el cruce de Limonal, se retomarán en noviembre de este año tras tres años de parálisis.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunció este martes durante una actividad en Puntarenas, que los contratos para la conclusión de las obras ya fueron firmados y enviados a la Contraloría General de la República para su refrendo, por lo que estima que en noviembre debería haber maquinaria en el sitio.
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En esta ocasión, el trayecto de 48 km se dividió en dos secciones, que fueron adjudicadas a dos empresas diferentes.
La primera sección de 25 km entre Barranca y San Gerardo de Chomes será ejecutada por el consorcio Barranca ruta 1 integrado por Bell Ingeniería y La Estrella, esta última empresa participó en el contrato anterior, solo que en esa oportunidad lo hizo con la empresa H Solís. En tanto, MECO se encargará de los 23 km comprendidos entre San Gerardo y Limonal.
En el caso del primer tramo, el contrato se adjudicó por un monto de $121,6 millones y la segunda etapa tendrá un costo de $141,7 millones. Cada empresa dispondrá de 24 meses a partir de la orden de inicio para ejecutar las obras.
Las dos secciones, se dividirán a su vez en unidades funcionales, que separan las obras complementarias del tronco principal, lo que permitirá retomar los trabajos en las secciones donde ya se cuenta con las expropiaciones requeridas.
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Los trabajos contemplan la construcción de un carril adicional por sentido, así como la rehabilitación de la vía existente para completar la ampliación a cuatro carriles en todo el trayecto.
Adicionalmente en el primer trayecto se deben construir 7 puentes vehiculares, 5 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección incluye 4 puentes vehiculares, 4 retornos, 3 intercambios, 5 puentes peatonales y 21 pasos de fauna.
Según los montos de la adjudicación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá invertir $263,3 millones para completar la ampliación. Ese monto se sumaría a los $34 millones que se ejecutaron durante el proceso anterior y los más de $8 millones en labores de conservación con las que se buscaba evitar el deterioro de las obras ejecutadas y realizar obras para la seguridad de los usuarios de la vía.
La ampliación de ese trayecto quedó en suspenso en noviembre del 2022, debido a que el consorcio a cargo alegaba problemas en diseños y expropiaciones que le impedían avanzar con las obras, mientras que la administración alegó abandono por parte del contratista.
El entonces jerarca de Obras Públicas, Luis Amador, intentó ceder la obra a otra empresa, pero ese plan no prosperó y generó más atrasos y sobrecostos. Ambas partes fueron a un arbitraje que determinó que el Estado debía pagar $13 millones por la suspensión del contrato.