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El abogado tributario Gabriel Zamora Baudrit criticó las declaraciones de José Eduardo Rojas, director de Inspección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sobre un fallo judicial en firme respecto al cobro retroactivo a trabajadores independientes.
“Después de una sentencia de esta magnitud, uno esperaría anuncios de revisión, corrección o mejora de procedimientos. Lo que resulta difícil de comprender es que la reacción institucional parezca orientada a justificar la continuidad de una práctica que precisamente fue objeto de cuestionamiento judicial", dijo Zamora.
Este 8 de junio, La Nación reveló una resolución de la Sala Primera que dejó en firme un fallo del Tribunal Contencioso, el cual determinó que la CCSS no puede hacer cobros retroactivos a los trabajadores independientes, para saldar supuestas diferencias en sus cuotas a la seguridad social, únicamente a partir de la revisión de sus declaraciones del impuesto sobre la renta.
El director de Inspección de la CCSS dijo que la resolución judicial no prohíbe usar información de las declaraciones tributarias. Según el funcionario, la entidad mantiene la facultad de realizar procesos de fiscalización para determinar facturaciones adicionales por omisiones o subdeclaraciones de ingresos.
Para Zamora Baudrit, esa afirmación omite el aspecto más importante de la sentencia del Tribunal: “Lo que resulta llamativo es que la institución destaque aquello que el fallo no dijo e ignore precisamente lo que sí mencionó. Y lo que sí dijo el Tribunal es extraordinariamente grave para la actuación administrativa de la Caja”.
Señaló que, si bien la resolución no prohíbe a la CCSS solicitar declaraciones de renta ni acceder a información tributaria, la sentencia concluyó que la institución actuó de manera automática, irreflexiva e ilegítima porque asumió que los ingresos declarados para el impuesto sobre la renta podían utilizarse directamente para reconstruir cuotas retroactivas de seguridad social.
El Tribunal determinó que la metodología aplicada violentó el marco legal vigente.
“La discusión nunca fue si la Caja puede pedir declaraciones de renta. La discusión fue qué puede hacer con esa información. Y sobre ese punto el Tribunal fue contundente al concluir que la metodología utilizada fue errónea, ilegal e improcedente”, dijo Zamora Baudrit.
El abogado indicó que el fallo también concluye que la CCSS desconoció principios fundamentales de la actuación administrativa.
“Lo verdaderamente preocupante es la aparente falta de sensibilidad institucional frente a una sentencia que cuestiona seriamente la forma en que se construyeron estos cobros retroactivos y que advierte afectaciones a principios tan importantes como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe. Miles de trabajadores independientes enfrentaron cobros millonarios bajo una metodología que terminó siendo anulada por los tribunales”, agregó.
El abogado recordó que la resolución judicial no elimina las facultades de fiscalización de la CCSS ni la obligación de cotizar, pero sí establece límites respecto a la utilización de declaraciones tributarias para construir cobros retroactivos.
En su criterio, el verdadero mensaje del fallo es que las contribuciones de seguridad social y el impuesto sobre la renta son tributos distintos, así como que la información tributaria no puede transformarse automáticamente en facturas retroactivas de seguridad social.
