Escuchar
Un total de 31 rutas de bus recibirán una autorización expedita para ajustar sus esquemas operativos y, de esa forma, no tener que dejar sin servicio a cientos de usuarios.
El gobierno emitió un decreto que autoriza al Consejo de Transporte Público (CTP) a aprobar todos los estudios pendientes de resolución que hayan sido presentados por las empresas autobuseras antes del 31 de diciembre del año pasado. Dichas solicitudes de ajuste contemplan disminuciones de horarios, flotas y registros de demanda.
La directriz establece, además, un periodo de gracia de 20 días hábiles a partir de la publicación, para que se realicen las actualizaciones necesarias a los estudios ya presentados, sin afectar el objetivo de la solicitud inicial.
El jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que el decreto forma parte de una serie de planes con los que se busca revertir la tendencia de abandono de rutas que se ha acrecentado en los últimos años
Zeledón sostuvo que este fenómeno "obedece a múltiples factores".
“Algunos que escapan del control del MOPT y otros nosotros sí los podemos atender. Este es uno de ellos y hemos tomado la decisión de actuar buscando agilizar los trámites que tanto afectan a las empresas.
“Esto fue producto de un diálogo constante que hemos tenido con el sector autobusero, tanto a lo interno del CTP como con Canatrans (Cámara Nacional de Transportes). Ellos nos habían expuesto esta situación y consideramos que era algo que podía resolverse de manera positiva, sin desatender obligaciones legales ni poner en riesgo a los usuarios”, agregó.
Según el jerarca, los estudios a los que hace referencia el decreto y que se encontraban pendientes de revisión en el CTP fueron elaborados por entes acreditados y solo dependían de la validación y aprobación de la Junta Directiva.
El acuerdo del Consejo que enlista las rutas que se beneficiarían establece que las 27 empresas beneficiadas deberán cumplir una serie de requisitos para solicitar los cambios de tarifas con base en los nuevos esquemas aprobados.
Además, se ordena a los operadores que aplicarán reducciones en flota, horarios y demanda, informar con cuáles esquemas mantendrán su operación ante la Dirección Técnica. También deben comunicar esos cambios a sus usuarios a través de redes sociales.
El año pasado, el CTP reportó que al menos 106 rutas de bus habían sido abandonadas o devueltas por sus operadores, de las cuales el 95% se encuentran en zonas rurales.
El decreto del MOPT también incluye una excitativa a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que considere realizar una simplificación de los requisitos de admisibilidad y revisión del cumplimiento de obligaciones legales para el procedimiento de ajuste tarifario.
Planteó que esta medida aplique tanto para fijaciones ordinarias como extraordinarias, “con el fin de promover y garantizar de forma oportuna el equilibrio económico financiero y la continuidad de este servicio público”.
Además, insta al MOPT, al CTP y a la Aresep a establecer una mesa de trabajo con los operadores para elaborar estrategias y planes que garanticen la “mejora, modernización, continuidad y sostenibilidad” del transporte público.
‘No son solicitudes improvisadas’
La directora de Canatrans, Silvia Bolaños, aseguró que el decreto no es solo una herramienta administrativa, sino que permitirá atender con mayor agilidad gestiones que pueden incidir directamente en la calidad del servicio.
“En su mayoría, se trata de estudios técnicos ya realizados y avalados por organismos de inspección acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
“No son solicitudes improvisadas, sino procesos que han cumplido requisitos formales y que permanecían pendientes de verificación por limitaciones de recurso humano dentro de la Administración, pero que son fundamentales para adaptar el servicio a la realidad actual de cada ruta”, indicó Bolaños.
La representante de los autobuseros agregó que muchos de estos trámites son una condición previa para presentar gestiones ante la Aresep, en materia tarifaria.
“Sin estos ajustes técnicos debidamente formalizados, se dificulta garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos, un principio esencial para la continuidad del servicio público”, sostuvo Bolaños.
La Aresep indicó, en uno de sus estudios recientes, que uno de los factores que inciden en el abandono de rutas son los rezagos tarifarios.
Al respecto, Bolaños destacó el hecho de que el decreto incluya un llamado a la Autoridad Reguladora para revisar “la cantidad y naturaleza” de los requisitos exigidos a los operadores.
“Desde la Cámara consideramos que, en muchos casos, los requerimientos son excesivos y generan cargas administrativas que no necesariamente agregan valor y que incluso muchos pueden ser verificados por la Administración de otra forma y no como requerimientos para ajustes tarifarios que son esenciales para garantizar el equilibrio de la operación”, señaló en una respuesta enviada a este diario.
Reconoció que la directriz permite destrabar procesos que inciden directamente en la sostenibilidad del sistema, pero advirtió de que los esfuerzos de modernización deben ir acompañados de una política “clara de priorización de transporte público”.
Entre las necesidades de articulación mencionó la implementación de más carriles exclusivos, vías preferenciales y medidas que reduzcan los tiempos de viaje para incentivar el uso del autobús.
