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Ginebra, Suiza. Nicaragua mantiene una “extensa” red transnacional para vigilar e intimidar a opositores en el exilio, que afecta a “cientos de miles” de personas, advirtió este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
Un informe elaborado por los expertos “detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero”, declaró en un comunicado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
En el informe que será presentado el 16 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, los expertos apuntaron que la estructura sostenida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua incluye al “ejército, la policía, autoridades migratorias (... y) misiones diplomáticas”.
De acuerdo con el comunicado, “el Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua”.
El comunicado añadió que “desde 2018, fondos públicos han sido desviados para financiar la represión a través de la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno”.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, señaló en el comunicado que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, agregó Simon.
El comunicado apuntó que “se han reportado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam”.
Otro miembro del comité de expertos Reed Brody apuntó que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
Este grupo de investigación es un órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Fue creado en marzo de 2022 y tiene la misión de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre los abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando las manifestaciones contra el gobierno fueron reprimidas de manera sangrienta.
