Bogotá. Estados Unidos puso en la mira a uno de los exnegociadores del pacto que permitió el desarme de la poderosa guerrilla de las FARC.
Su posible extradición destapó interrogantes frente al acuerdo que está siendo implementado en Colombia.
Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, de 51 años y quien padece deficiencia visual, espera en una celda la decisión sobre su posible entrega a Estados Unidos.
Este exnegociador y futuro congresista está acusado de conspirar para el envío de diez toneladas de cocaína.
El exguerrillero y tres colaboradores –también detenidos– afirmaron “tener acceso a laboratorios” de droga, así como a “aviones” para transportar cocaína desde Colombia.
Incluso Santrich entregó kilos de cocaína para demostrar que podía acceder a toneladas del narcótico, según la Fiscalía de Nueva York.
Aunque el pacto de paz con las FARC blinda a los rebeldes frente a los requerimientos de Estados Unidos, la Fiscalía y el presidente Juan Manuel Santos sospechan que Santrich planificó la operación después de firmar la paz a finales del 2016.
De ser cierto, esto lo excluiría de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema acordado para juzgar los delitos atroces cometidos durante el conflicto y que prevé penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
En un plazo indeterminado, la JEP verificará si Santrich delinquió después de finales del 2016. En ese caso, su expediente será “remitido a la jurisdicción ordinaria” y no se “excluye la posibilidad de extradición”, según Patricia Linares, presidenta de la JEP.
Pero si hay “prisa por extraditarlo” antes de que la JEP haya terminado su evaluación, “entonces podría ser un golpe fatal para el proceso de paz”, señaló a la AFP Adam Isacson, analista en seguridad para el centro de estudios Washington Office on Latin America (WOLA).
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Antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos apoyó el arreglo con las FARC, pero después ha criticado severamente a Colombia por el aumento de los narcocultivos asociado a los incentivos que entregó el gobierno a los campesinos que aceptaron erradicar voluntariamente en los territorios de influencia rebelde.
Crisis en proceso de paz
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido del pacto de paz, advirtió que esta captura está llevando el proceso de paz al “despeñadero”. El gobierno también entiende lo sucedido como una “grave crisis”.
Aunque el grueso de la exguerrilla, unos 7.000 combatientes, ya dejó las armas, el acuerdo prevé reformas y planes económicos en beneficio de los rebeldes que salieron de la guerra.
También están pendientes los juicios a los comandantes dentro del sistema de la JEP y la juramentación de los diez antiguos rebeldes seleccionados para llegar al Congreso, como parte de los compromisos de La Habana.
En la víspera de la captura de Santrich, la FARC aseguró que los exguerrilleros que están concentrados en una veintena de zonas no tienen “condiciones dignas” de salud y vivienda, ni garantizada la seguridad alimentaria o su reinserción económica.
“Muchos guerrilleros perciben que el Estado los traicionó y que no les cumple porque no llegan los proyectos productivos; porque muchos de ellos siguen en las cárceles porque la ley de amnistía no ha funcionado”, señaló a la AFP Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
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En la FARC prima la idea de que su exnegociador es presa de un “montaje” y eso “radicaliza la posición de algunos y me preocupa que reincidan”, añade el experto.
Incluso antes de que estallara el caso Santrich, muchos habían vuelto a las armas, recuerda Yann Basset, de la Universidad del Rosario. De ahí que este analista crea que el gobierno está obligado a “hablar con los desmovilizados de las FARC y explicar las pruebas que tiene”.
“Lo que está en riesgo es la reacción de la FARC: hasta qué punto respetarán las reglas del juego o, si la captura de Santrich, será una ruptura de las mismas”, afirma.
Varios mandos medios y sus hombres se apartaron del proceso de paz y hoy las llamadas disidencias cuentan con unos 1.2000 combatientes, un fenómeno en crecimiento y que se enmarca en el boyante negocio de las drogas y de la minería ilegal.
“Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuidad de la violencia”, dijo Iván Márquez, vocero de la FARC.
Sin embargo, los expertos coinciden en que Santrich deberá responder en caso de que sea culpable. “No cabe ninguna posibilidad de que sean burladas las víctimas y que sea burlado el país, si es que se trata de un hecho de narcotráfico”, señaló a la AFP el senador Iván Cepeda, quien asesoró las negociaciones en Cuba.