Bogotá. El pacto de paz que permitió el desarme de las FARC en Colombia entró en “su punto más crítico”, tras la captura de un negociador de la exguerrilla requerido en Estados Unidos por narcotráfico.
Así lo advirtieron este martes, por separado, el partido de izquierda surgido de los acuerdos y el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso”, dijo el portavoz Iván Márquez.
El pacto, que terminó con un enfrentamiento de más de medio siglo, está siendo implementado y se prevé que esta etapa dure 15 años.
Todavía está pendiente, por ejemplo, la reparación de las millones de víctimas de un conflicto en el que también tomaron parte la fuerza pública y grupos de ultraderecha.
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Detenido el lunes en Bogotá por pedido de Estados Unidos, Santrich debía asumir uno de los diez escaños parlamentarios cedidos a los antiguos rebeldes marxistas como parte de los compromisos de paz.
Sin embargo, ahora el exnegociador podría ser extraditado para que responda en una corte de Nueva York por conspiración para el envío de diez toneladas de cocaína, advirtió Santos.
Según las autoridades, Santrich intentó seguir con actividades del narcotráfico luego de firmado el acuerdo a finales de 2016, lo que lo excluye de los beneficios que blindan a los excomandantes frente a los requerimientos de la justicia norteamericana.
El comisionado de paz del gobierno, Rodrigo Rivera, reconoció que la paz enfrenta su crisis “más seria, grave y delicada”.
De 51 años y con deficiencia visual, Seusis Pausivas Hernández, conocido como Jesús Santrich, fue detenido antes de la visita que iba a realizar el fin de semana el presidente Donald Trump a Colombia y que fue cancelada este martes por otros motivos.
Santrich está preso en la sede de la fiscalía donde inició una huelga de hambre. Otras tres personas fueron detenidas en el operativo, aunque no se ha confirmado su vinculación con la FARC.
El exnegociador entregó kilos de cocaína para demostrar que podía acceder a toneladas de la droga y enviarlas a Estados Unidos, asegura la acusación de la fiscalía de Nueva York.
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“Es claro que estamos frente a otro montaje de la torcida justicia estadounidense”, recalcó Márquez.
Suscrito al cabo de cuatro años de negociaciones en La Habana, el acuerdo de paz condujo al desarme de miles de combatientes en el 2017.
Sin embargo, aún los implicados en delitos atroces no han ni confesado sus crímenes ni reparado a las víctimas para que puedan recibir penas alternativas a la cárcel.
“Una falsa imputación puede ser muy grave, devastadora y una amenaza para el proceso con la FARC, pero si es un hecho cierto será una lección”, manifestó el senador Iván Cepeda, quien asesoró las negociaciones de paz en Cuba.
Los exguerrilleros han acusado al gobierno de Santos de múltiples incumplimientos, en medio del conflicto que todavía persiste en algunas partes del país y que es financiado en gran parte por el narcotráfico.
A todos ellos “los invitamos a mantener la calma, a no aceptar la provocación (...) Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuidad de la violencia”, señaló Márquez.
Aunque los dirigentes han descartado su regreso a la guerra, planea el miedo de que muchos exintegrantes de la guerrilla retomen las armas.
Cientos de combatientes se apartaron del proceso de paz y hoy integran las llamadas disidencias que cuentan con unos 1.200 hombres y mujeres en armas.
Al mismo tiempo que los combate, el gobierno persigue a bandas armadas del narcotráfico e intenta sellar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito.
Precisamente esta guerrilla interpretó el arresto de Santrich como “una bofetada” a lo acordado con la FARC y una demostración de la “nula voluntad del régimen para facilitar un verdadero proceso de paz”.
En medio de los temores por una eventual reactivación de la violencia, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pidió una cita de urgencia con Santos, y otra con Naciones Unidas y los garantes de Cuba y Noruega.
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La crisis desatada por la captura de Santrich estalló apenas unos días después de que el nuevo partido lanzara un SOS frente a la “situación de precariedad” que rodea los 26 territorios donde se concentran los excombatientes.
En esas zonas no hay “condiciones dignas” de salud y vivienda, como tampoco está garantizada la seguridad alimentaria o el desarrollo económico.
“El gobierno tendrá que hablar con los desmovilizados y explicar las pruebas que tiene y si las confirman pues las FARC deberán afrontar las consecuencias”, dijo Yann Basset, analista de la Universidad El Rosario.