En una carta abierta al secretario general de la ONU, António Guterres, Rodrigo Londoño (Timochenko) manifestó su "más encendida alarma por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de implementación de los acuerdos".
El dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se hizo eco de las declaraciones del secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien advirtió el martes durante su visita a este país de que la comunidad internacional no aceptaría que Colombia le incumpla a la exguerrilla el "compromiso esencial" de permitirle participar en política después de que firmó la paz.
Feltman "pudo constatar personalmente el incumplimiento estatal de lo acordado", señaló Timochenko en la misiva, al tiempo que invocó "la intervención de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad".
La reincorporación de los miembros de las disueltas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto y las incertidumbres legales para los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común son preocupaciones críticas para los 7.000 excombatientes que depusieron las armas, según Londoño.
LEA MÁS: FARC se lanza a la política en Colombia con sus siglas de guerra
El dirigente reprochó los atrasos en la legislación clave en materia de participación política y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral de los acuerdos.
La Corte Constitucional avaló el martes la reforma que implementa el acuerdo, incluida la participación política de los exguerrilleros siempre que cumplan con sus obligaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado de más de medio siglo.
La FARC considera que la Corte introdujo en su fallo modificaciones al acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre del 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.
Santos señaló el martes en una alocución que "algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a la FARC hacer política sin que antes sus miembros hayan sido juzgados y condenados por la JEP. Eso no fue lo que se pactó".
El Congreso, con una débil mayoría oficialista, debe expedir en las próximas dos semanas la ley que reglamenta la JEP.
