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Colombo, Sir Lanka. Si bien las Maldivas evocan lunas de miel y playas paradisíacas en el imaginario de la gente, la situación política de este pequeño país del océano Índico, que el domingo celebra sus presidenciales, es mucho menos radiante.
Abdulla Yameen, el jefe del Estado de este archipiélago de un millar de islas coralinas de más de 340.000 habitantes, lleva a cabo una represión feroz de toda disidencia y parece tener vía libre para obtener un segundo mandato de cinco años.
Las protestas y presiones de la comunidad internacional no han tenido ninguna repercusión. Las principales figuras de la oposición están o bien entre rejas o bien en el exilio, como el expresidente Mohamed Nasheed. La sociedad civil, por su parte, está amordazada.
Figura destacada de las protestas, Nasheed -que perdió frente a Yameen en el 2013 en controvertidas circunstancias- tuvo que renunciar a los comicios presidenciales al ser condenado, un fallo motivado políticamente, según la ONU.
En su ausencia, la coalición de la oposición arropó a Ibrahim Mohamed Solih, de 54 años, poco conocido por los electores. La prensa pasó por alto su candidatura, por miedo a represalias por parte del poder.
Intimidación
Según Human Rights Watch, el Gobierno maldivo recurre a decretos y “leyes de formulación vaga para hacer callar a la disidencia e intimidar y encarcelar a los críticos”, algunos de los cuales fueron agredidos o incluso asesinados.
“La cobertura de la campaña electoral está severamente restringida por la ley sobre la difamación. No es una cobertura equilibrada, pero no tenemos opción”, dijo un periodista local que pidió el anonimato, por razones de seguridad.
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“Ni siquiera podemos utilizar las redes sociales para hablar de los políticos de la oposición”, explicó el reportero. Incluso publicar fotos de personas con camisetas con las caras de los opositores encarcelados estampadas supone cruzar la línea roja.
Los periodistas extranjeros que quieren cubrir las elecciones, en general, no han obtenido visado. Solo algunos, en estos últimos días, lograron el permiso.
La semana pasada, la oposición denunció ese bloqueo a la prensa internacional y acusó al régimen de intentar limitar “la observación independiente de la votación y de los probables intentos del presidente Yameen de robarla”.
La sombra de China
La represión aumentó todavía más a principios del 2018 cuando el jefe del Estado se opuso a una decisión de la Corte Suprema, que anulaba las condenas judiciales de opositores y restituía en sus funciones a diputados rebeldes.
Abulla Yameen impuso entonces un estado de emergencia de 45 días, mandó a detener a dos jueces de la Corte Suprema y al exautócrata del archipiélago (1978-2008) Maumoon Abdul Gayoom -quien era, además, su hermanastro y antaño mentor-. La alta magistratura se retractó finalmente de su decisión.
Este “ataque en toda regla contra la democracia”, según los términos empleados por la ONU, manchó aún más la imagen del país, destino vacacional de lujo, cuyos ingresos relacionados con el turismo representan una cuarta parte de su economía.
Medios extranjeros revelaron un vasto sistema de desvío de fondos públicos orquestado por allegados del presidente Yameen, que habría movido decenas de millones de dólares.
Pero, aunque la comunidad internacional haya amenazado regularmente a los responsables del gobierno con sanciones, Malé puede contar con un aliado de peso: China.
En el marco de su política de influencia regional, Pekín entregó cientos de millones de dólares en préstamos a las Maldivas para la construcción de infraestructuras, incluyendo un gran “Puente de la amistad China-Maldivas” y la modernización del principal aeropuerto internacional.
Muchos observadores dudan de la capacidad del archipiélago de pagar estos préstamos, por lo que estaría a la merced de su acreedor. Una nueva incursión china en la esfera de influencia del Índico que Nueva Deli no ve con buenos ojos.
