Fiscal general de Perú responsabiliza a Dina Boluarte por muertes en represión de protestas

Lima. La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio, imputándola como responsable de la represión durante las protestas en su contra que resultaron en más de 50 muertes, ocurridas en el último año de su mandato.

“Quiero informar que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola”, primer ministro, anunció Benavides en una declaración transmitida por televisión.

La acusación, que podría desencadenar la destitución de la presidenta, surge en un momento en que la fiscal enfrenta fuertes críticas internas a su gestión, con solicitudes de renuncia por parte de altos magistrados del Ministerio Público.

“No se puede tolerar la pérdida de ninguna vida peruana ni el abuso de poder”, añadió Benavides, quien también expresó que otros fiscales buscan desacreditarla.

La denuncia contra Boluarte surgió después de que Benavides fuera acusada por una fiscal de liderar una presunta red criminal arraigada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

En este contexto, Benavides afirma que no renunciará mientras la Junta Nacional de Justicia evalúe su permanencia en el cargo.

“Maniobra política”

En su primera reacción pública, la presidenta peruana calificó la denuncia como una “maniobra política” destinada a “desviar una denuncia gravísima contra la propia fiscal” Benavides.

Boluarte expresó su “extrañeza” de que la denuncia se haya presentado “después de que la ciudadanía se enterara de los allanamientos y la detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción”.

“Somos contrarios a la corrupción y la impunidad”, añadió.

La fiscal, hasta ahora considerada aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno, no se pronunció sobre el fondo de la acusación ni su presunta responsabilidad en la muerte de los manifestantes, a pesar de que la acusación fiscal sostiene que los líderes militares y policiales afirmaron que Boluarte estaba informada de la represión, algo que ella niega.

“Es sospechoso y grave que la denuncia se presente hoy lunes, luego de que el viernes pasado se extendiera por ocho meses la investigación”, destacó Boluarte.

Otárola criticó a la fiscal Benavides por intentar desviar la atención al presentar una denuncia constitucional contra él y la mandataria.

“Estamos dispuestos a someternos a cualquier investigación. Si ha decidido denunciarnos ante el Congreso, voy a ir a declarar junto con la presidenta Boluarte a las citaciones porque quien es inocente se comporta como inocente”, expresó Otárola a la radio RPP.

11 meses investigada

La fiscalía inició la investigación contra Boluarte en enero por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. En setiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante fiscales.

Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta, se requiere un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses.

Las manifestaciones antigubernamentales estallaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

Las protestas se extendieron hasta marzo, resultando en 54 personas fallecidas, incluidos seis soldados que murieron ahogados en un río al intentar huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, la ciudad en el sureste que fue el epicentro de las movilizaciones.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas murió por disparos de bala realizados por las fuerzas militares enviadas para controlar las manifestaciones.

Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.