Bogotá. El exjefe negociador de las FARC, cuyo paradero se desconoce desde hace semanas, denunció en una carta la traición del pacto de paz con la poderosa exguerrilla en Colombia y lamentó su ingenuidad al dejar las armas sin haber concretado antes los compromisos.

“Las modificaciones al texto original de lo convenido transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein”, indicó Iván Márquez, máximo delegado de los rebeldes en los diálogos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos que derivaron en la firma del histórico pacto de paz en el 2016.

"Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y 'conejo' (engaño). Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos", agregó.

La misiva, fechada el 22 de setiembre, pero revelada este martes por medios locales, también fue firmada por Óscar Montero, conocido como Hernán Velásquez o el Paisa, un temido exjefe guerrillero de cuyo paradero tampoco hay pistas.

"Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez (fundador de las FARC hasta su muerte en 2008 por aparentes causas naturales) siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos", afirmaron.

En la carta enviada a la Comisión de Paz del Senado, Márquez y el Paisa hacen una descarnada autocrítica: el acuerdo “tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros”.

Entre las “trampas”, los excomandantes denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública por crímenes cometidos durante los enfrentamientos.

También alertaron de incumplimientos en la reinserción e “inseguridad jurídica” de los 7.000 excombatientes que dejaron las armas el año pasado, entre ellos el caso del líder rebelde Jesús Santrich, detenido y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, que las FARC consideran un “montaje judicial”.

Aun así aseguran que su "sueño sigue siendo la paz de Colombia" pese a que al acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado "fue destrozado por depredadores sin alma".

‘Dos interrogantes’

Una vez conocida la epístola, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el gobierno mantiene dos "interrogantes" respecto a ambos rebeldes: "si ellos siguen o no en el acuerdo" y "si siguen perteneciendo o no al partido FARC", surgido del pacto.

“Si estas personas tienen la voluntad de seguir con los acuerdos, pues no es sino que aparezcan, y no aparezcan simplemente con un comunicado”, manifestó Ceballos en entrevistas radiales.

Reiteró que el gobierno del derechista Iván Duque cumplirá su promesa de campaña de modificar apartados del acuerdo negociado en Cuba por considerarlos indulgentes con los rebeldes.

“Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido de que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”. Iván Márquez

Y confió en que Márquez y el Paisa no se unan, como afirman versiones de prensa, a grupos disidentes de la otrora guerrilla comunista.

“Si ellos se acercan o se unen a las disidencias están rompiendo no solamente un acuerdo, sino toda la estructura de un partido político nuevo, que es la FARC”, señaló.

Márquez, quien fue el segundo de la exguerrilla, renunció en julio a su escaño como senador, que le reservaba el acuerdo, alegando “desfiguración” de lo acordado y se trasladó a una zona selvática del sur del país. Desde entonces su locación es incierta.

Duque, quien asumió el poder hace dos meses, ha pedido explicaciones al ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), liderado por Rodrigo Londoño (Timochenko) por la ausencia de varios de sus líderes, entre ellos Márquez y el Paisa.

Ambos exguerrilleros dejaron hace al menos un mes los esquemas de seguridad que les asignó el Estado, según afirmó Duque en su momento.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga los crímenes cometidos durante la conflagración, pidió el 13 de setiembre a los líderes exguerrilleros reiterar su compromiso con el pacto tras la desaparición de varios de ellos.