San Juan de Lurigancho, Perú. Epifania Almeyda tenía 15 años cuando se fue de su natal Ayacucho, en los Andes, para escapar del conflicto armado que azotaba a Perú. Tres décadas después, en un barrio del noreste de Lima, vive aterrada por los criminales que extorsionan y matan a plena luz del día.
Almeyda espera, como casi un 70% de peruanos según las encuestas, que acabar con este flagelo sea la prioridad del ganador del balotaje presidencial del domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
“Vivimos con miedo hasta para abrir la puerta... cuando nuestros hijos van a la escuela”, dice Almeyda en una casa de madera azul donde prepara, en ollas enormes de aluminio, platos que el comedor popular vende a menos de un dólar a gente muy pobre.
En lo alto de un cerro de San Juan de Lurigancho, en una barriada de estrechas veredas de tierra con escaleras de hormigón, la población se siente “abandonada”, afirma esta mujer de 47 años.
“Aquí los policías no aparecen”, lamenta.
En su cuarto intento de ganar la presidencia, Fujimori promete esta vez “mano dura” frente al crimen y San Juan de Lurigancho fue el distrito donde tuvo más votos en la primera vuelta presidencial del 12 de abril.
Sánchez, su adversario, habla de reformas constitucionales para que los militares ayuden a la policía.
La región de Lima, donde está San Juan de Lurigancho, tuvo 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, tres veces más que hace cinco años, según datos oficiales.
Del “terrorismo” al crimen
Comparando a las bandas criminales con los insurgentes que derrotó el expresidente autócrata Alberto Fujimori, su hija Keiko prometió, al visitar hace poco San Juan de Lurigancho, enfrentar con la misma fuerza a las “lacras sociales”.
Cada mañana al salir de casa, el chofer Jacob Cóndor se encomienda al Señor de Muruhuay (cristo crucificado): “Tengo temor de no regresar”, dice a AFP al frente del volante, durante un recorrido.
En el parabrisas de su autobús lleva colgado un pequeño cuadro con la imagen religiosa, junto a un mono de colores de peluche que le regaló su hija de ocho años.
Las denuncias por extorsión aumentaron en un 20% en 2025 en Perú, respecto del año anterior, y el sector transporte fue el más golpeado. Al menos 75 choferes fueron asesinados, sobre todo en Lima, según la policía.
“Uno sale con miedo a trabajar. Sube un pasajero y te pueden disparar por atrás”, asegura el chofer de 33 años, quien dice que votará por Fujimori por “su mano fuerte para combatir la inseguridad”.
Seis militares custodian la empresa de transportes donde trabaja Cóndor. Policías vigilan dentro de los autobuses, algunos de los cuales llevan en las ventanas pegatinas con el lema: ‘Transportistas con Keiko’.
Julio César Raurau, empresario transportista de 48 años, explica que al menos siete bandas los amenazan por mensajes en papel y en WhatsApp.
“Como su padre acabó con el terrorismo, ella lo hará con las organizaciones criminales. Estamos en una guerra interna”, declaró a la AFP.
Los criminales aprovechan el caos
Pero a Epifania Almeyda no acaba de convencerla.
“Estoy traumada, escapé de los terroristas y los militares... (pero) con cualquier político que llegue la situación será igual”, comenta tras ayudar a preparar carapulcra (guiso con papas y carne de cerdo) para unas 70 personas.
Oliver Cotera, de 50 años, culpa también “a la clase política” de la inseguridad, indignado porque en solo un fin de semana mataron hace poco a tres mototaxistas como él.
“Queremos que haya un cambio radical”, expresa Cotera, al revelar que votará por Sánchez porque Keiko, con enorme influencia en el Congreso desde hace poco más de una década, “no hizo nada por el pueblo”.
Aunque votará diferente, Raurau coincide con Cotera al vincular el auge de la inseguridad con la inestabilidad política de Perú, que ha tenido ocho presidentes en diez años por destituciones o renuncias promovidas por el parlamento.
“Con esto se han aprovechado las organizaciones criminales. No hemos estado preparados para enfrentar esta amenaza interna y externa”, afirmó.
Bandas como el Tren de Aragua, surgida en Venezuela, se han extendido en Perú, mientras años de turbulencia política socavaron la capacidad del Estado para responder.