En un video publicado en redes sociales, Dada y Martínez afirman haber recibido información confiable de que en la Fiscalía General de la República se están preparando órdenes de captura en contra de algunos comunicadores de El Faro.
Las infracciones alegadas serían apología del delito y agrupaciones ilícitas, “que es básicamente el delito de ser miembro de una pandilla”, precisó Martínez.
El jefe de información advirtió que cualquier orden de captura u allanamiento que se ejecute contra las instalaciones del medio de comunicación o las viviendas del personal de El Faro, “será por haber hecho periodismo”.
“El gobierno lo que propone, dentro de su lógica de amenaza, es que hablar con pandilleros, que ellos liberaron, es un acto criminal”, declaró Martínez.
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La llegada al poder
Las acciones judiciales, supuestamente impulsadas desde el gobierno, serían una represalia por los reportajes que recientemente publicó el medio salvadoreño, en los que se exponen presuntas negociaciones entre las pandillas y dos colaboradores de Bukele, sancionados por Washington, para que éste primero fuera alcalde de San Salvador de 2015 a 2018 y llegara a la presidencia en 2019.
“Un 75%, un 80% se lo debe a las pandillas”, declaró Carlos Cartagena, alias “Charli”, líder de una célula de la facción Revolucionarios de Barrio 18, al ser consultado sobre el triunfo de Bukele por Martínez y su hermano Carlos, quienes hicieron las entrevistas en enero pasado, en un sitio que no revelaron.
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Un segundo pandillero entrevistado, de menor rango que Cartagena en la facción de Barrio 18, aseguró que pandilleros amenazaron a las familias en los barrios que controlaban para que votaran por Bukele.
“Si no había esa clase de presión al pueblo, Nayib no hubiera estado en ningún lugar (poder)“, aseguró el pandillero, identificado como Liro Man, quien, a diferencia de Cartagena, no mostró su rostro.
Participación de funcionarios del gobierno
Según Cartagena y Liro Man, los contactos con las pandillas fueron hechos por Carlos Marroquín, director del programa del gobierno “Tejido Social”, y Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador.
Ambos funcionarios fueron sancionados en 2021 por el entonces gobierno estadounidense de Joe Biden, que los acusó de participar en negociaciones encubiertas con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
En la conversación entre los jefes de El Faro, Martínez subrayó que la razón por la que habían logrado reunirse con los pandilleros, fue porque el gobierno de Bukele los ayudó a escapar de El Salvador y del regimen de excepción impuesto por el mandatario desde el 2022.
Desde entonces, unos 86.000 presuntos pandilleros y colaboradores han sido detenidos, sin que medie orden judicial, por lo que la medida ha sido criticada por grupos de derechos humanos.
El presidente ha reconocido que unos 8.000 detenidos han sido liberados por ser inocentes.
Una llamada misteriosa
Cartagena señaló al medio salvadoreño que tras su captura, recibió una llamada misteriosa que culminó con su liberación.
“Alguien con suficiente poder en este gobierno lo liberó, solo por eso pudimos hablar con él en otro país”, detalló Dada.
Bukele, según Cartagena, les había prometido “el cese de la guerra” entre los cuerpos de seguridad y las pandillas, pero tras llegar al poder se rompió el supuesto pacto.
Por su parte, Liro alegó que fue el director del programa del gobierno “Tejido Social”, Carlos Marroquín, quien lo pasó por un punto ciego hacia Guatemala, en pleno régimen de excepción.
Martínez afirmó que las tres entregas publicadas, con las entrevistas en video, dan cuenta de cómo la supuesta sociedad entre Bukele, su círculo cercano y los pandilleros, permitieron construir el poder político del hoy mandatario.
“Nos están pidiendo que contemos una historia política, sin sus socios políticos”, agregó el periodista.
Las entrevistas dan seguimiento a la investigación de El Faro que reveló en 2020 un presunto pacto de Bukele con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de dinero y privilegios para sus jefes presos, lo cual ha sido negado por el mandatario.
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