Vistazo al mundo

¿Por qué Bukele oculta la negociación con las pandillas?

El diario digital ‘El Faro’ reveló nueva evidencia sobre un pacto entre el gobierno salvadoreño y líderes pandilleros para conseguir una reducción histórica de asesinatos. Mantener en secreto las conversaciones es parte de una estrategia que podría beneficiar al mandatario en caso de que busque la reelección

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Nueva evidencia revela las negociaciones secretas del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas de El Salvador, una estrategia que podría beneficiar al mandatario en caso de que opte por la reelección.

El periódico digital El Faro dio a conocer que funcionarios de la administración Bukele mantuvieron negociaciones en el 2020 con las tres pandillas que controlan el país —Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños— para garantizar el histórico desplome de los asesinatos en El Salvador a cambio de beneficios.

Las pruebas fueron documentadas por la anterior Fiscalía a cargo de Raúl Melara, destituido el 1.° de mayo por el nuevo Congreso afín a Bukele.

“Desde ese día, la investigación quedó en manos de Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el bukelismo, quien con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos”, señala el reportaje elaborado por los periodistas Carlos Martínez, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez.

Según El Faro, Melara conformó un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones, consideradas terroristas por la legislación salvadoreña.

La evidencia a la que tuvo acceso el medio y que fue recabada por los fiscales integrantes del grupo consiste en audios, fotografías, documentos y testimonios.

Además, la documentación revela que el director de Centros Penales, Osiris Luna, intentó retirar la evidencia del pacto al cambiar las computadoras de las cárceles de máxima seguridad. De acuerdo con la Fiscalía anterior, esto sucedió el 5 de setiembre del 2020, dos días después de que El Faro sacara a la luz que el gobierno de Bukele negociaba desde junio del 2019 con líderes de la Mara Salvatrucha 13.

En resumen, estos son los hallazgos más importantes de la investigación:

— Bukele negoció con tres pandillas.

— El gobierno intentó ocultar la evidencia.

— La unidad encargada de la investigación fue desmantelada con la llegada del nuevo fiscal.

El peso de las pandillas

La negociación de las fuerzas políticas con líderes pandilleros no es un asunto nuevo en El Salvador. En el 2012, el gobierno izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el presidente Mauricio Funes, fue el primero en entablar diálogos en secreto con estas organizaciones. Este caso es conocido como ”La Tregua”.

Luego, de cara a las elecciones del 2014, tanto el FMLN como el derechista Arena se sentaron a negociar con los dirigentes pandilleros. Los partidos ofrecieron dinero y privilegios a los grupos a cambio de ayuda para ganar los comicios presidenciales.

Los políticos que participaron tanto en “La Tregua” como en los otros encuentros secretos enfrentan actualmente cargos penales.

También mientras Bukele fue alcalde de San Salvador pactó con las organizaciones para sacar adelante su proyecto estrella: la remodelación del centro histórico de la capital.

En su gestión como presidente, Bukele ha atribuido el descenso inédito de la violencia a su plan de control territorial.

Hace seis años, el país centroamericano registró 147 homicidios en los primeros cinco días de agosto, con cinco policías entre las víctimas. La reducción este 2021 es significativa, con cinco homicidios en los primeros cinco días de agosto.

Con este contexto, volvamos a la pregunta inicial: ¿Por qué Bukele prefiere ocultar las conversaciones con las pandillas en vez de hacerlas oficiales y elige la misma forma de negociar de los otros partidos, la cual él mismo ha criticado con dureza públicamente?

Las pandillas resultan un actor “difícil de obviar” y con un “profundo arraigo social”, considera Carlos Martínez, por lo que los gobiernos saben que es necesario algún tipo de acuerdo con estas organizaciones para gobernar en El Salvador.

“Todas las fuerzas políticas salvadoreñas han creído que es imposible atender el problema de seguridad pública sin el concurso de las pandillas, y todos también han concluido que los entendimientos deben ser mantenidos en secreto”, escribe en esta columna Martínez, quien es periodista de investigación especializado en el fenómeno de las pandillas.

Sin embargo, la fórmula del secretismo elegida por los políticos no ha dado buenos resultados.

“Las negociaciones con pandilleros han seguido un patrón: hacerlo en secreto, incluir el elemento electoral, negarlo tras ser descubiertos y cancelar el pacto con los criminales cuando las elecciones se acercaron y lo acordado se convirtió en un lastre de cara a los votantes”, afirma, por su parte, Óscar Martínez en un artículo publicado en The New York Times.

El periodista y actual jefe de Redacción de El Faro destacó que uno de los principales riesgos es que tras la cancelación abrupta de los pactos con las estructuras criminales ocurra un baño de sangre, como sucedió en el 2015, hasta ahora el año más violento registrado en el país.

Pero hay más. El costo de reconocer públicamente una negociación con los líderes pandilleros no es bien visto ante los ojos de los ciudadanos y eso podría tener consecuencias en la alta popularidad que mantiene Bukele desde el inicio de su mandato y es un aspecto de relevancia en caso de que el presidente opte por la reelección, la cual ya fue validada por la Sala Constitucional.

“El problema es que parte del aprendizaje que los políticos han hecho de la primera tregua es que si bien ofrece resultados inmediatos, es tóxica en términos políticos y de popularidad. Comprendo que nadie haga campaña política prometiendo que va a negociar con los mareros, este es un país que aplaude la mano contra los criminales y que es anuente al discurso que el presidente ha pronunciado en reiteradas veces”, explicó Carlos Martínez en un foro que organizó el diario a propósito del reportaje publicado esta semana.

“Creo que la decisión de hacer este pacto (el gobierno de Bukele) por debajo de la mesa no es una decisión desinformada, sino una decisión informada sobre los costos políticos y de popularidad que esto entraña”, agregó.

Ante las consultas sobre por qué es importante que estos procesos de negociación sean oficiales y cómo podría beneficiar la transparencia a la sociedad salvadoreña, Martínez sostuvo:

“Cuando las peticiones tienen que ver con un ‘si no me das, sigo matando’, independientemente de la calidad de las peticiones se vuelven todas un chantaje y el Estado un rehén de organizaciones criminales. Esas mismas peticiones tendrían otra calidad si son parte de un proceso que sea verificado por los ciudadanos, por las víctimas y por la comunidad internacional”, explicó.

“Incluso, en algún momento la Mara Salvatrucha ofreció desarticularse si el gobierno accedía a llevar las conversaciones a una mesa formal y pública. El problema con el mecanismo de ahora es que se sabe muy poco sobre cómo se negocia y hay muy pocos instrumentos para participar como ciudadanía sobre el curso de estos debates”, comentó el reportero.

Actualmente, las autoridades estiman que hay unos 60.000 pandilleros activos que operan en el 94% de los municipios de El Salvador, y unos 18.000 están encarcelados.

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Ximena Alfaro M.

Ximena Alfaro M.

Periodista en la sección El Mundo. Bachiller en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas relacionados con el acontecer internacional.