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Paso Canoas, Costa Rica. Marwa huyó de Afganistán porque quería estudiar, trabajar, usar jeans e ir al parque sin la compañía obligada de un hombre. Ahora, encerrada en un refugio en Costa Rica con un centenar de deportados por Estados Unidos, teme que la hagan volver: “Me matarán los talibanes”.
Tras las rejas del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá, esta afgana de 27 años dice, fuera de cámaras y bajo nombre ficticio, que su esposo también corre peligro y que su niña de dos años no tiene futuro en Afganistán.
“Si vuelvo, moriré. Me matarán los talibanes. Perdí a mi padre y a mi tío allí. Escuché explosiones y vi muertos. No quiero perder a mi marido ni a mi bebé”, confía a un equipo de AFP que, entre matorrales en un punto sin vigilancia policial, habló con varios deportados en inglés.
Marwa, su esposo Mohammad Asadi y su hija son parte de 200 migrantes -unos 80 de ellos niños- de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos y algunos africanos que Estados Unidos envió hace un mes en dos vuelos a Costa Rica.
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El gobierno de Donald Trump cerró las vías legales de entrada a Estados Unidos, suspendió planes de refugio e inició una cacería de migrantes para deportarlos.
Además de a Costa Rica, Trump mandó 300 asiáticos a Panamá y 238 venezolanos a El Salvador. Estos últimos fueron recluidos en una prisión de máxima seguridad, alegando, sin pruebas, que integraban la banda criminal Tren de Aragua.
Limbo tropical
Del grupo de deportados que llegó con Marwa, 74 ya fueron repatriados, 10 regresarán pronto y más de un centenar espera en un limbo: rechazan retornar a su país, pero ningún otro, incluida la Costa Rica, de larga tradición de refugio, les ha dado asilo.
“No podemos volver y tampoco quedarnos aquí. No conocemos la cultura ni hablamos español. No tenemos familiares como en Canadá, Estados Unidos o Europa”, dice Marwa, quien lleva un hiyab de tejido ligero por el calor húmedo del trópico.
A su esposo Asadi, de 31 años, vender materiales de construcción a compañías estadounidenses lo puso en la mira cuando los talibanes volvieron al poder en 2021.
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Ambos salieron hacia Irán, donde todo fue también difícil. Dos años y medio después viajaron a Brasil y emprendieron por tierra la travesía por una decena de países -incluida la peligrosa selva del Darién, en Panamá- hasta llegar a Estados Unidos.
“Hay muchos cárteles por el camino que nos quitaron el dinero y nos torturaron física y mentalmente”, relata Alireza Salimivir, un iraní de 35 años que hizo una odisea similar con su esposa.
Ella quedó detenida en Estados Unidos en proceso de deportación, pero Salimivir espera reencontrarla pronto. Para ambos la repatriación tampoco es opción: “Por nuestra conversión del islam al cristianismo nos darán cárcel o muerte”.
Deportado con su esposa y su niño de seis años, German Smirnov, de 36 años, cree que en la Rusia de Vladimir Putin sería “torturado” por denunciar anomalías que dice vio de observador en las elecciones del 2024. “Me darán a elegir: ir a prisión o a la guerra”, afirma.
‘Cómplice’ de Estados Unidos
Cuando estuvieron detenidos para ser deportados, recuerda Asadi, oficiales estadounidenses ofendieron a Marwa por usar hiyab. “Trataron a mujeres y niños como escoria”, agrega Smirnov.
En el Catem, 350 km al sur de San José, tienen buena comida y teléfonos móviles, pero sus pasaportes están retenidos por la policía y no les permiten salir, pese a no tener antecedentes criminales.
“Hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos en un país que siempre se ha preciado de defenderlos. Es un gravísimo retroceso para Costa Rica”, declaró el exdiplomático Mauricio Herrera, quien presentó un habeas corpus a favor de los deportados.
Al justificar el acuerdo con Washington, el presidente Rodrigo Chaves dijo estar “ayudando al hermano poderoso del norte”.
“Costa Rica no debería ser cómplice de los flagrantes abusos de Estados Unidos”, advirtió Michael Garcia Bochenek, de Human Rights Watch.
Según varios deportados, las autoridades les dijeron el pasado miércoles que si obtuvieran refugio deberán dejar el albergue. Así hizo Panamá con decenas de deportados que, tras recluirlos en un centro en el Darién, dejó libres y abandonados a su suerte.
Marwa no sabe qué pasará, pero está segura de no querer llevar burka ni quedarse en casa cocinando y criando bebés. Mucho menos desea ese futuro para su hija.
“Todo está cerrado para las mujeres... las escuelas, las universidades. No es normal. Soy un ser humano, elijo y quiero estar así”, dice mostrando sus jeans poco antes de alejarse de la cerca para volver con Asadi, tomados de la mano, al encierro del Catem.
