Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites.
Pero su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción en medio de su vano intento de disolver el Congreso para evitar ser destituido.
El fallo cerrará ocho meses de audiencias contra Castillo y otros siete procesados, entre ellos la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que preside el juez José Neyra inició la audiencia pocos después de las 09H20 (14H20 GMT).
Castillo asiste a la lectura del fallo junto a su abogado defensor. Se estima que la audiencia se extenderá al menos unas tres horas.
La fiscalía ha pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez.
Castillo, de 56 años, cumple desde hace casi tres años una orden judicial de prisión preventiva en la exclusiva cárcel para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima.
Además de Castillo, Perú tiene otros tres expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.
- “No he venido a pedir clemencia” -
La audiencia tiene lugar en una sala anexa a esa prisión. Allí se ha desarrollado el juicio desde el 4 de marzo.
Una veintena de simpatizantes del expresidente llegaron con carteles a la puerta del centro penitenciario.
“Estamos sufriendo por nuestro presidente porque él no robo ni un sol, acá esta preso un inocente, pedimos justicia”, dijo Julia Buendía, de 54 años, a la AFP.
“No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia”, dijo Castillo en sus alegatos finales ante el tribunal el viernes pasado.
Desde que empezó el juicio Castillo ha denunciado ser “un presidente secuestrado” víctima de un “golpe del Congreso”.
Según el fiscal Edward Casaverde, Castillo intentó realizar un golpe de Estado al anunciar el 7 de diciembre la disolución del parlamento, la intervención del sistema de justicia y convocar una Asamblea Constituyente.
Aquel día el Congreso iba a debatir una moción de vacancia (destitución) en su contra bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
Su caída provocó el ascenso al poder de su vicepresidenta Dina Boluarte, y desató violentas protestas que dejaron más de 50 civiles muertos por la represión de las fuerzas del Estado.
Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora José Jerí.
