En su decisión del jueves, la jueza federal de Maryland Paula Xinis concluye que Ábrego García está detenido “sin justificación legal”.
En consecuencia, pide al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le confirme que la orden de liberación ha sido cumplida este mismo jueves antes de las 17H00 locales (22H00 GMT).
“Esta decisión no tiene ninguna base jurídica y seguiremos luchando con uñas y dientes ante los tribunales”, reaccionó en X la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusando a la magistrada de “activismo judicial”.
Ábrego García, residente de Maryland, llegó a Estados Unidos proveniente de El Salvador a los 16 años de forma ilegal, en 2012.
Casado con una estadounidense, vivió en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando después de ser detenido en un control policial un juez dictaminó que no debía ser deportado porque corría peligro en su país de origen.
Luego pasó a ser una de las más de 200 personas enviadas en marzo a la megacárcel CECOT de El Salvador, la mayoría por presunta pertenencia a una pandilla venezolana, como parte de la ofensiva de Trump contra los migrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia admitió más tarde que el salvadoreño había sido deportado debido a una “equivocación administrativa”.
Ábrego García fue devuelto a territorio estadounidense en junio, pero detenido nuevamente en el estado de Tennessee por cargos de tráfico de personas, en un proceso independiente del de Maryland.
El tribunal autorizó el reclamo de Ábrego García para poder volver a Maryland mientras esperaba la resolución de sus distintos casos.
Ese mismo tribunal explicó que si el gobierno quisiera deportar a Ábrego García, debía notificarle al menos 72 horas antes.
Países como Liberia, Ghana o Uganda fueron considerados por el gobierno de Trump para enviarlo a un tercer país, pero el salvadoreño ha rechazado esas opciones y los tribunales han diferido su salida del país.
Desde agosto la defensa de Ábrego García y el Departamento de Seguridad Nacional han forcejeado para elegir el destino final del inmigrante.
Costa Rica se mostró abierto a concederle el estatuto de refugiado.
