AFP. 4 septiembre
Católicos y evangélicos se congregaron el domingo 2 de setiembre del 2018, en la Ciudad de Guatemala, para manifestarse en contra del aborto.
Católicos y evangélicos se congregaron el domingo 2 de setiembre del 2018, en la Ciudad de Guatemala, para manifestarse en contra del aborto.

Ciudad de Guatemala. Organizaciones sociales de Guatemala dieron marcha atrás este martes a una propuesta de legalizar el aborto en el caso de niñas víctimas de violación, relegando la discusión a otro proyecto que pretende aumentar las restricciones a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo.

La férrea oposición de grupos religiosos y conservadores, que celebraron una manifestación masiva el domingo, llevó a los impulsores de una iniciativa de ley de protección a menores víctimas de abusos sexuales a retirar un artículo que abría la posibilidad a despenalizar el aborto para niñas de 14 años o menos.

"Tomando en cuenta las diferentes posturas, preferimos priorizar la situación y reparación a las niñas. No estamos listos (en Guatemala) para hablar de la interrupción del embarazo”, dijo Paula Barrios, activista de Mujeres Transformando el Mundo.

La "reparación" consistiría en un apoyo social y educativo para que las menores puedan seguir estudiando, pues en Guatemala la niñas son expulsadas de las escuelas si quedan embarazadas.

El proyecto de protección a niñas se encuentra en discusión en la comisión parlamentaria de la mujer, que debe emitir un dictamen antes de elevarlo al pleno.

Al retirar el polémico artículo, no tendría que existir algún impedimento para que se apruebe la normativa, agregó la diputada Sandra Morán, del partido izquierdista Convergencia, ponente del proyecto.

"Esta (iniciativa de) ley nunca fue una ley de aborto, esta siempre fue una ley de atención y reparación para las niñas", aclaró la congresista.

La ley guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre.

El domingo, unos 20.000 feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley de protección a las niñas, que en su redacción original habilita a que menores embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas si fueron víctimas de abuso sexual.

Bajo el lema "Guate por la vida y la familia", los manifestantes acusaron a la iniciativa de legalizar el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.

Si se concreta el retiro del artículo, el debate social y parlamentario del aborto se configurará solo en torno a un proyecto presentado por el diputado Fernando Linares, del derechista Partido de Avanzada Nacional, que ya lleva un camino recorrido en el Congreso y que podría debatirse en el pleno próximamente.

La Ciudad de Guatemala fue escenario, el lunes 3 de setiembre del 2018, de una marcha de evangélicos y católicos para reiterar su rechazo al aborto. El Congreso analia un proyecto de ley para aumentar las penas por interrumpir el embarazo.
La Ciudad de Guatemala fue escenario, el lunes 3 de setiembre del 2018, de una marcha de evangélicos y católicos para reiterar su rechazo al aborto. El Congreso analia un proyecto de ley para aumentar las penas por interrumpir el embarazo.

Se trata de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas de prisión por aborto intencional de los 1 a 3 años actuales a entre 5 y 10 años. Además, agrega penas de entre 2 y 4 años por intento de aborto o aborto "culposo".

Según organizaciones feministas, esta iniciativa criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria.

Su aprobación sería "un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres", dijo Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.

La activista reivindicó el derecho de las mujeres a "decidir sobre nuestro cuerpo" y afirmó que entre 15% y 20% de los embarazos terminan con la pérdida del feto, advirtiendo que con ese proyecto se pretende establecer penas de cárcel en algunos de esos casos.

Llamado en la región

La despenalización se ha convertido en un clamor en muchos países de América Latina, una reivindicación que tomó particularmente las calles en Argentina pero que finalmente no logró la venia del Senado de ese país.

Sin embargo, Centroamérica es una de las regiones más restrictivas del mundo: el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La interrupción voluntaria del embarazo es legal solamente en Cuba, Uruguay y en la Ciudad de México. En el resto de Latinoamérica se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina.

"Tomando en cuenta las diferentes posturas, preferimos priorizar la situación y reparación a las niñas. No estamos listos (en Guatemala) para hablar de la interrupción del embarazo”. Paula Barrios, activista de Mujeres Transformando el Mundo

A las voces de rechazo a la iniciativa conservadora se sumó Human Rights Watch (HRW), cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el proyecto de ley "podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades".

"La pérdida de un embarazo puede ocurrir debido a anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto espontáneo, todas situaciones que están fuera del control de la mujer embarazada o su proveedor médico", puntualizó Vivanco.

Esta iniciativa "también incluye definiciones de 'familia' y 'diversidad sexual' abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero", agregó.

“Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría (...), es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos”, afirmó.