EscucharParís. Cuando el conductor suicida hizo volar el camión, el peruano Vladimir Flórez también saltó por los aires. Junto a otros latinoamericanos, había llegado a Afganistán para trabajar en seguridad privada, pero esa madrugada terminó combatiendo a los talibanes como “soldado”.
Es 13 de setiembre del 2013 y Flórez, entonces de 32 años, está en una de las torres de vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad afgana de Herat (noroeste). En los otros puestos hay exmilitares y expolicías de Colombia y El Salvador.
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El vehículo avanzó con las luces encendidas hacia la entrada de la sede diplomática, cuando ¡boom!. “Me hace volar, me caigo al suelo. Reacciono como a los dos minutos. Cuando me levanto, veo que todo ardía, la gente gritaba”, recordó Flórez, quien trabajó para uno de los cuerpos municipales de seguridad de Lima, antes de enrolarse en una multinacional de vigilancia.
El ataque suicida, que mató a ocho afganos, quedó registrado en un video. Tras la explosión, Flórez se enfrentó a tiros por dos horas con los talibanes, hasta la llegada de las tropas estadounidenses. “Nunca me dieron un solo dólar (adicional) por haber salvado a los americanos”, reclamó en una videollamada con la AFP.
Sin sospecharlo, los latinoamericanos combatieron para Estados Unidos “sin protección alguna ni armamento adecuado” y “en desventaja total frente a un enemigo mucho mejor armado”, sostuvo el colombiano Francisco Landínez.
Soldado retirado, Landínez encabeza en Miami la Oppressed Veterans Foundation (Fundación de Veteranos Oprimidos), organización que busca que los contratistas que pelearon en Afganistán reciban el mismo trato que los excombatientes jubilados, incluida la residencia estadounidense.
Una pesquisa de la Universidad de Brown estima que, entre el 2011 y el 2021, murieron 3.917 contratistas en territorio afgano, la “mayoría ciudadanos de otros países”, aunque “muchas de esas muertes no han sido reportadas”. El Departamento de Estado declinó hablar sobre las aspiraciones de la fundación.
Pesadillas
Jorge Estévez guarda varios emblemas militares, uno de ellos de la Santa Muerte sobre fondo negro con la leyenda “Afghanistan 2013″. Exsargento retirado del ejército, este colombiano viajó a ese país para trabajar como guardia privado por $1.400 mensuales, mientras un recluta del ejército estadounidense percibe un salario de entre los $1.600 y $8.700 mensuales, según datos oficiales.
Estévez, quien conserva fotografías en las que se le ve con un fusil de asalto M4, patrulló por Kabul, Mazar y Herat. Volvió a su país en el 2015 y hoy se aloja con su familia en Bogotá, donde lidia con los traumas de cinco años en la guerra. No tiene vida social, sufre pesadillas frecuentes y vive medicado a causa de un estrés postraumático. “Estamos hoy en día en el anonimato, olvidados, fuimos utilizados”, aseguró.
Mercenarios colombianos están implicados en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise en el 2021. Tres de ellos murieron y 19 están presos, uno en Estados Unidos. Los contratistas rehúsan ser llamados mercenarios. Dicen ser contratistas, una industria legal “que se mueve en el mundo”, especialmente “en países con situaciones críticas de seguridad”, explicó el coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares.
Los colombianos, agrega Marulanda, son “apetecidos” por ser “baratos y eficaces”, pero sobre todo por su experiencia de más de medios siglo en la lucha antiguerrillera. Una fuente de seguridad en Irak, que habla bajo reserva, explicó a la AFP que los contratistas latinoamericanos suelen operar como “guardias estáticos”. En su mayoría cumplen funciones de seguridad de menor envergadura que los británicos, estadounidenses, franceses y eslavos, mucho mejor remunerados.
Primera línea
Por su parte, Fredy combatió primero a los rebeldes en Colombia antes de hacerlo contra los talibanes en Afganistán y Al Qaida en Irak. “Jamás fui con la mentalidad de ir a pelear en primera línea, fui con el pensamiento de proteger como hombres de seguridad, proteger instalaciones”, dice este hombre de 49 años que cubre su rostro por recelo a no ser contratado nuevamente.
Lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos en el pecho y una leyenda en inglés: “Nos preguntamos si de verdad te preocupamos o simplemente nos olvidaste”. Los contratistas se posicionaron frente a las embajadas estadounidenses en Bogotá, Lima, Miami y Washington con fotografías de sus operaciones y reconocimientos por escrito del Departamento de Estado. Fuimos “carne de cañón” de las fuerzas estadounidenses, dice Landínez.
Los exmilitares conservan copias de sus contratos con International Development Solutions, una empresa de seguridad que, según la revista Foreign Policy, es “subsidiaria” de las compañías herederas de Blackwater, una firma disuelta en el 2009 tras escándalos por tráfico de armas.
Con pensiones de $350 mensuales en Colombia, los exsoldados son fáciles de seducir. Al año se retiran al menos 10.000, “son una fuerza incontrolable abandonada a su suerte”, explicó el coronel Marulanda.
En el 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abogó por una regulación más eficaz de “las empresas militares y de seguridad privadas, a través de un marco jurídico internacional”. De su lado, Estados Unidos reconoció el sacrificio de los afganos en el ataque al consulado en el 2013, pero obvió mencionar a los latinoamericanos que ese día combatieron como soldados.
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