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Rangún. Algunas enfermeras de Birmania dirigen clínicas improvisadas a escondidas de la junta militar gobernante para atender a pacientes de covid-19 y combatientes de la resistencia, con medicamentos que pasan de contrabando por los controles militares.
Ellas siempre están listas para huir porque los trabajadores de la salud están en la línea de frente de un movimiento civil contra el golpe de febrero y la represión de la disidencia, que ha dejado más de 1.300 muertos, según un grupo local de monitoreo.
Un boicot de instituciones gubernamentales dejó a muchos hospitales sin personal, y la junta arrestó y mató a numerosos trabajadores de la salud que protestaban, según grupos de derechos humanos. Aye Naing, un nombre ficticio, dejó su empleo en un hospital público y en junio comenzó a trabajar como voluntaria en el estado de Kayah, en el este, donde se han dado numerosos choques entre militares y combatientes antigolpistas.
“Cuando comienzan los combates tenemos que correr y escondernos en la selva”, contó a la AFP en una clínica oculta en una escuela abandonada debido a los combates cerca de la localidad de Demoso.
La mayoría de los pacientes de Aye Naing son familias desplazadas y combatientes de las Fuerzas de Defensa Popular (FDP), una milicia que ha brotado en todo el país para luchar contra la junta.
"Me dijeron que no había muchos médicos y personal de salud en esta zona y que los pobladores los pedían", contó.
"Así que decidí venir y tratar de conseguir equipo médico", agregó.
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En una aldea, su equipo hace pruebas del virus a través de una lámina plástica, y quienes dan positivo reciben paracetamol o vitaminas, los únicos medicamentos disponibles. El oxígeno donado se usa con cautela porque cargar los tanques implica un viaje al siguiente poblado grande, pasando por puestos de control de la junta.
Al terminar su turno, Aye Naing se quita el traje protector de plástico y su mascarilla, los desinfecta y los deja listos para el siguiente turno. En una aula vacía, un combatiente de las FDP contagiado pasa su cuarentena tocando guitarra. En las zonas de resistencia, los militares bloquearon la entrega de ayuda humanitaria y equipo médico, según un reciente informe de Human Rights Watch.
"Los militares birmanos revisan a todos en sus portones y arrestan a la gente que lleva medicamentos", comentó Hla Aung, una enfermera de la clínica cuyo nombre fue alterado para proteger su identidad.
En los seis meses tras el golpe, 190 trabajadores de la salud fueron arrestados y 25 asesinados, según un informe de Insecurity Insight, Médicos por los Derechos Humanos y la Universidad Johns Hopkins. Pero Aye Naing no va a desistir.
“El apoyo de mis padres me mantiene fuerte”, aseguró. “Mi padre envía todos los medicamentos que puede”.
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Tras una devastadora ola de covid-19 en junio y julio, con hasta 40.000 casos diarios, la junta dijo que los contagios cayeron a 150 por día y que no se han detectado casos de la variante ómicron en Birmania. Sin embargo, el deficientes sistema de salud realiza pocas pruebas.
En Kayah, alrededor de 85.000 personas han sido desplazadas por la violencia, según el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, y muchos están aglomerados en campamentos donde las infecciones se propagan fácilmente.
