Denuncian ‘trato preferente’ a militares enjuiciados por muerte de jesuitas en El Salvador

“En la resolución de la audiencia inicial (del juez a cargo) se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite”, afirmó la también jesuita UCA en un comunicado difundido en sus redes sociales. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron los asesinatos en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

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Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos (trabajadora del campus) y Celina, la hija de esta última.

La semana pasada, en el inicio del proceso judicial, más de tres décadas después, un juzgado de San Salvador ordenó la detención del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) por supuestos vínculos con el asesinato. El exmandatario, que se encuentra en paradero desconocido, niega los cargos.

También se pidió detener al exdiputado Rodolfo Parker y a cuatro coroneles. Pero en el caso de los generales implicados, Juan Rafael Bustillo, Rafael Larios y Juan Orlando Zepeda, así como los coroneles Manuel Antonio Rivas y Camilo Hernández, la sede judicial ordenó medidas alternativas a la detención por su condición de salud, como enfrentar el proceso en libertad.

En setiembre de 1991, un tribunal de San Salvador ya había juzgado a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. En otro momento, el rector de la UCA, Andreu Oliva, aseguró en una declaración de prensa que “la Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre”.

Consideró que la Fiscalía “no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas”, que según determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron los sacerdotes jesuitas, la trabajadora Elba y su hija Celina, además de la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. “Parece que la Fiscalía quiere ir sola y no tener en cuenta a las víctimas ni contar con ellas para lo que sería la estrategia en el proceso”, lamentó Oliva.

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