"Este día se ha presentado el requerimiento contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y 12 personas más, acusados en el caso del asesinato de los jesuitas, en 1989", consignó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.
La Fiscalía "está empeñada en llevar ante el banquillo de los acusados a los responsables de ordenar este lamentable y trágico hecho [múltiple asesinato] ocurrido durante el conflicto armado (1980-1992)", declaró el fiscal Rodolfo Delgado.
En el grupo de militares involucrados figuran los generales en retiro Juan Rafael Bustillo-excomandante de la Fuerza Aérea- y Juan Orlando Zepeda. También se incluyen los coroneles en retiro Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López y Joaquín Arnoldo Cerna.
Al presentar el requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, la Fiscalía además busca "la reparación para las víctimas" y "fomentar una cultura" de que ese tipo de crímenes no se repitan, aseguró Delgado.
"La tarea es grande y la tarea es difícil, pero esperamos que con la colaboración de toda la población, de las víctimas podamos enfrentar y superar estos lamentables sucesos", insistió Delgado.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron asesinatos en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y Celina, la hija de esta última.
En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.
En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
