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Brasilia. El gobierno del presidente ultraderechista de Jair Bolsonaro implementó en cinco meses medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil, como la flexibilización del porte de armas, e impulsó una retórica que pone en riesgo a comunidades indígenas y las organizaciones no gubernamentales, denunció este martes Amnistía Internacional (AI).
"Lamentablemente, la retórica contraria a los derechos humanos se está transformando en política oficial", dijo en conferencia de prensa en Brasilia Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI en Brasil.
En su informe "Brasil para el mundo", AI expresa sus preocupaciones tras la llegada al poder en enero de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que a lo largo de su carrera expresó posiciones polémicas como la defensa de tortura de opositores durante la dictadura militar (1964-1985).
La ONG centró sus inquietudes en torno a ocho temas que incluyen la flexibilización de la posesión y porte de armas, el paquete de leyes anticrimen del gobierno Bolsonaro pendiente de aprobación, la política de control de drogas, la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (comunidades formadas por exesclavos fugitivos), la retórica sobre derechos humanos y la libertad de expresión.
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Werneck dijo que la delegación de AI pidió una audiencia con Bolsonaro , pero que el presidente respondió que no la recibiría y le aconsejó dirigirse a la ministra de Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, con quien podría entrevistarse en los próximos días.
Una nota conjunta de esa cartera y de la Cancillería rechazó por la tarde los alegatos de AI. El documento indica que el gobierno “buscará el diálogo” con Amnistía y otras organizaciones “para demostrar que ninguna de las afirmaciones” señaladas “condice con su actual política”.
"No se encontró ninguna evidencia de que las acusaciones hayan sido fundamentadas en datos o eventos concretos", agrega.
Según AI, la flexibilización de la tenencia y el porte de armas, impulsadas mediante ordenanzas presidenciales, "pueden contribuir al aumento del número de homicidios" en un país que en el 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes.
Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica.
AI también denuncia que el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, pretende "legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal", afirmó Werneck.
Ese proyecto prevé habilitar a jueces a reducir las penas -o incluso absolver- a policías que, actuando en legítima defensa, hayan tenido una reacción excesiva debido al "miedo, la sorpresa o una emoción violenta".
Amnistía advirtió además del peligro que corren las comunidades indígenas y quilombolas, en un gobierno que se manifiesta contrario a la demarcación de nuevas tierras, en discrepancia con lo establecido por la Constitución brasileña. "Demandamos que el gobierno federal cumpla su deber de proteger a estas poblaciones vulnerables ya en riesgo", señaló Werneck.
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La organización pidió incluso en una carta abierta a Bolsonaro revocar las resoluciones que considera amenazan los derechos y recomendó abrir el diálogo con las organizaciones civiles que defienden estos derechos.
Brasil es uno de los países más peligrosos de América para los defensores de derechos humanos, señaló por su lado la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
Amnistía también considera que algunos conceptos "vagos" en el paquete anticrimen de Moro podrían amenazar a organizaciones que trabajan por los derechos humanos y por comunidades más vulnerables, criminalizándolas, y usando de forma indebida el sistema de justicia "para callar esas voces", agregó Guevara-Rosas.
Además, señaló que la decisión de poner a las ONG bajo supervisión del gobierno muestra que Brasil "va en la misma dirección" que otros países que están adoptando "múltiples leyes que buscan controlar e impedir el trabajo" de esas entidades.
La retórica de Bolsonaro contraria a los derechos humanos, ampliamente usada durante su campaña electoral, es preocupante también porque “vemos claro en países como Nicaragua y Venezuela que estas declaraciones públicas son tomadas como órdenes para la comisión de violaciones contra los derechos humanos”, dijo Guevara-Rosas.
