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El presidente Jair Bolsonaro acudió este miércoles 2 de enero del 2019 a la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva. (SERGIO LIMA/AFP)
São Paulo, Brasil. El Gobierno brasileño supervisará las actividades de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales (ONG), según una ordenanza del presidente Jair Bolsonaro difundida este miércoles.
La secretaría de Gobierno, dependiente de la Presidencia, tendrá entre sus competencias “supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”, indica la ordenanza, que define las funciones del Ejecutivo.
La decisión provocó reacciones negativas de los concernidos.
“La Secretaría de Gobierno de la Presidencia siempre tuvo un papel de interlocución con la sociedad civil (...), nunca de control”, afirmó Juana Kweitel, directora ejecutiva de Conectas, una entidad enfocada en la defensa de los derechos humanos. “La libertad de acción de la sociedad civil es esencial para la democracia”, agregó.
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José Miguel Vivanco, director de la división para América de Human Rights Watch (HRW), destacó en una nota enviada a la AFP el uso de los verbos “supervisar” y “vigilar”. “Si el propósito fue facilitar una relación constructiva entre organizaciones internacionales y no gubernamentales y el alto nivel de gobierno, esto sería bienvenido. Sin embargo, lo que me preocupa es el uso de los términos ‘supervisar’ y ‘vigilar’, que sugieren una falta básica de comprensión del papel independiente de estas entidades en cualquier sociedad abierta y democrática”, sostuvo.
La abogada Aline Goncalves de Souza, investigadora de la Fundación Getulio Vargas, consideró que la ordenanza “podría entrar en conflicto con la Constitución, que garantiza libertad de asociación para fines lícitos y veta la interferencia estatal en el funcionamiento de las asociaciones”.
La misma ordenanza contiene otros puntos polémicos, como el traspaso de la demarcación de tierras indígenas a manos del Ministerio de Agricultura y la exclusión de la población integrante de los movimientos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) como beneficiaria de las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
