El pacto se logró durante una audiencia en una corte federal, después de que el presidente Donald Trump colocara a la Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) bajo control del gobierno federal y enviara a la Guardia Nacional a las calles.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había designado al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisionado policial de “emergencia”.
El fiscal de Washington, Brian Schwalb, impugnó la medida, argumentando que excedía la autoridad presidencial sobre el Distrito de Columbia y violaba el derecho de autogobierno local.
“Esta es una afrenta a la dignidad y autonomía de 700.000 estadounidenses que llaman casa a Washington”, expresó.
Durante la audiencia, la jueza de distrito Ana Reyes instó a las partes a encontrar una solución. El acuerdo final establece que Cole emitirá directrices a través de la alcaldesa Muriel Bowser, sin facultad para dar órdenes directas a los agentes de la MPD.
Schwalb celebró la resolución y enfatizó que la policía de la ciudad seguirá bajo la jefatura nombrada por el gobierno local. “No necesitamos una toma hostil por parte del gobierno federal para hacer lo que hacemos todos los días”, dijo.
El control político de Washington ha sido históricamente un tema de fricción debido a su estatus especial. A diferencia de los estados, el Distrito de Columbia tiene autonomía limitada por la Ley de Autonomía Local de 1970, que concede al Congreso poder extraordinario sobre sus asuntos.
Trump ha justificado su intervención alegando supuestos altos índices de criminalidad y problemas de personas sin techo.
Sin embargo, datos oficiales muestran una caída significativa de los delitos violentos entre 2023 y 2024, aunque la ciudad aún figura entre las 15 con más personas sin hogar en Estados Unidos.
